Washington podría presionar a Fox para neutralizar el rechazo en EU, opina activista

Grupos latinos lanzan campaña contra el plan migratorio de Bush

Aunque es un "primer paso importante", el proyecto es insuficiente, consideran obispos

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 9 de enero. Organizaciones latinas y liberales han empezado a movilizarse contra la iniciativa migratoria del presidente George W. Bush, algo que colocaría al presidente Vicente Fox en una disyuntiva entre endosar la propuesta de la Casa Blanca o mantener su apoyo clave entre las principales organizaciones latinas en este país.

Al anunciar una campaña publicitaria en los principales medios latinos contra la propuesta migratoria de Bush, el Consejo Nacional de la Raza anunció hoy que está colaborando con grupos comunitarios y organizaciones liberales para educar a la comunidad latina sobre el anunciado programa de trabajadores temporales. "La comunidad necesita saber que lo que ha estado pidiedo durante más de dos años -una oportunidad de participar plenamente en el sueño americano- no es lo que propone el presidente", declaró Cecilia Muñoz, vicepresidenta del consejo.

Agregó que "inmigrantes que trabajan arduamente y tienen una profunda fe en este país merecen más, y la comunidad latina merece más que un programa que beneficia a empresarios a expensas de los trabajadores".

Antonio González, presidente del Instituto Willie Velásquez y veterano líder de derechos civiles para la comunidad latina estadunidense, advirtió que la crítica contra la propuesta de Bush por casi todos los principales grupos latinos del país continuará creciendo. A la vez comentó, en entrevista con La Jornada, que la Casa Blanca, ante esto, intensificará la presión sobre Fox para que éste apoye a su contraparte sobre el tema para intentar contrarrestar el rechazo de la comunidad latina en Estados Unidos.

Desde el anuncio de Bush, el miércoles, casi todos los principales grupos latinos y de defensa de inmigrantes, junto con sindicatos y grupos de derechos civiles han criticado, algunos hasta condenado, la propuesta migratoria del presidente.

Además del Consejo Nacional de la Raza, participan MALDEF, LULAC, el Foro Nacional de Inmigración, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, la Red Nacional de Derechos para los Inmigrantes y Refugiados, la Coalición de la Caravana de Libertad de los Trabajadores Inmigrantes (la gran coalición que coordinó la reciente caravana nacional de inmigrantes) junto con varias agrupaciones regionales y locales.

Además, la central obrera nacional AFL-CIO rechazó la propuesta. Su secretario general, John Sweeney, declaró que es "una promesa vacía tanto para trabajadores indocumentados como para la gente que busca migrar a Estados Unidos y para los trabajadores estadunidenses". Dijo que el plan del presidente Bush sólo "crea una subclase permanente de trabajadores sin derecho a participar plenamente en esta democracia".

La Conferencia de Obispos de Estados Unidos también criticó la propuesta, aunque señaló que era un "primer paso importante". El presidente del Comité de Migración de la cúpula católica, el obispo Thomas G. Wenski, expresó que, aunque es un primer paso, "esta propuesta en particular no ofrece una solución a los problemas que enfrentamos como resultado de la migración indocumentada y un sistema de inmigración inoperante".

Insistió que lo que se necesita es una "reforma migratoria comprensiva que ofrezca oportunidades para la legalización de los indocumentados que viven en Estados Unidos (...) y un canal hacia la permanencia", dijo.

Para la Casa Blanca, esta apuesta fue diseñada para intentar capturar un porcentaje mayor del voto latino, como también para satisfacer a ciertos sectores empresariales. Tal vez logre lo segundo (la Cámara de Comercio y una agrupación empresarial del sector de servicios han dado una bienvenida a la iniciativa, aunque desean más), pero está en disputa si esta estrategia rendirá frutos con el electorado latino. En la reciente encuesta del Pew Hispanic Center sobre opiniones en inmigración (efectuada en 2002), 71 por ciento de los latinos opinaban que los indocumentados ayudan a la economía estadunidense y 90 por ciento (frente a 69 por ciento de la población nacional) de los latinos favorecían ofrecer un mecanismo para legalizar a los inmigrantes latinoamericanos en el país.

Antonio González advierte que por el rechazo de los grupos latinos, y la opinión publica, Bush ahora intensificará su presión sobre Fox para endosar su plan y, si el mandatario mexicano lo hace, pudiese ocasionar "una ruptura" entre el gobierno mexicano y las principales organizaciones latinas estadunidenses.

Donde hay amplio consenso -el cual Bush destacó- es que este sistema es inoperante. El Centro de Políticas de Inmigración ofreció algunos datos sobre los costos del sistema actual como prueba de la necesidad de una reforma más amplia. Entre otras cosas señaló que los fondos federales dedicados a la seguridad fronteriza se han incrementado de 740 millones de dólares en 1993 a 3 mil 800 millones de dólares ahora, pero que la migración indocumentada ha continuado hasta por 500 mil personas al año. Señaló que los resultados de la estrategia de seguridad fronteriza en el suroeste sólo ha generado más negocio para los contrabandistas humanos y más muertes (mil 896 personas han fallecido desde 1998 al cruzar esa frontera). A la vez, los aproximadamente 9 millones de indocumentados aquí ya son parte integral de la economía nacional. Por tanto, el centro señala que este es un sistema migratorio de dos mensajes, el de "no pase" y a la vez "se solicita mano de obra".

Una caricatura publicada en el San Diego Union Tribune muestra a un ama de casa estadunidense de un lado y tres inmigrantes latinos de otro. Arriba aparece la definición de la palabra "bilingüe: capaz de hablar dos idiomas" y el ama de casa dice en dos globitos simultáneos "váyanse a casa" y en el otro "pero primero acaben de cosechar mi alimento, limpiar mi casa y podar mi césped".

Algunos políticos y analistas creen que la iniciativa de Bush por lo menos abre de nuevo este debate nacional (y trasnacional), y que ahora toca a los diversos actores maniobrar en este campo de juego que ha permanecido casi cerrado durante los pasados dos años.

Pero como se perfilan las cosas, uno de los principales jugadores -el gobierno de México- enfrenta un panorama sumamente complicado para evitar quedar arrinconado al ser obligado a escoger entre sus aliados permanentes en Estados Unidos, sus propios ciudadanos y los latinos, y el gobierno de Bush (el cual podría o no estar en el poder dentro de un año).

El mandatario defiende su idea

Washington, 10 de enero. El presidente George W. Bush afirmó hoy que su plan migratorio fortalecerá la economía estadunidense porque reconoce las contribuciones que hacen al país los trabajadores inmigrantes.

"Este programa representa la mejor tradición de nuestra sociedad", afirmó el presidente en su discurso radial sabatino.

Este programa, agregó, "ayudará a fortalecer la economía, a devolver el orden al sistema de inmigración y hacer más seguro nuestro territorio".

La aprobación del plan en el Congreso puede ser difícil. Legisladores republicanos consideran el plan como medida que recompensa a quienes violan la ley al ingresar de manera ilegal al país. Mientras que los demócratas afirman que el plan no ofrece un camino claro hacia la residencia permanente.

Bush señaló que "la reforma debe comenzar aceptando un hecho básico: algunos de los trabajos generados por la creciente economía no los toman los estadunidenses". Señaló que el plan "ayudará a encontrar trabajadores extranjeros dispuestos para unirlos con empleadores estadunidenses dispuestos, cuando no se puedan encontrar estadunidenses para tomar los empleos". Aclaró que el programa no significa una amnistía ni un camino automático a la ciudadanía.

NOTIMEX

Constituye un giro importante en la política migratoria estadunidense, expresa

El plan de Bush traería beneficios sociales para México, opina Banamex-Citigroup

ISRAEL RODRIGUEZ

La coyuntura electoral parece haber influido en la reactivación del tema migratorio, pero no garantiza que el proyecto vaya a ser autorizado y puesto en vigor en el corto plazo, consideró el grupo financiero Banamex-Citigroup, al señalar que, en cualquier caso, para México la nueva política reportaría beneficios sobre todo sociales.

Sin embargo, el intermediario financiero prevé que durante la próxima reunión Cumbre Extraordinaria de las Américas, que se desarrollará en Monterrey a partir del próximo lunes, los presidentes George W. Bush y Vicente Fox tendrán ocasión de comentar e informar en mayor detalle sobre el programa migratorio y las probabilidades de que lo autorice el Congreso estadunidense.

En cualquier caso, añade, para México, los latinos en Estados Unidos y otros grupos nacionales de migrantes en ese país, éste pudiera ser un primer avance en un proyecto mucho más amplio y eficaz de desarrollo regional.

Refiere que será difícil calificar el alcance del programa hasta que se informen los detalles, como cuántas plazas abrirá anualmente; por cuántos periodos será renovable; a cuántos familiares se extenderán las garantías; en qué sectores operará, y cuáles serán los requisitos de elegibilidad.

Lo cierto, indica, es que, con mayor o menor alcance, se trataría de un giro importante en la política migratoria estadunidense que ofrece beneficiar con empleo y condiciones de legalidad a los mexicanos que consigan inscribirse en el programa.

El beneficio, advierte, podría tener algunos costos. El más importante equivale, más bien, a la limitación de un beneficio y se refiere a la temporalidad acotada, tanto para quienes ya viven en Estados Unidos como para quienes pudieran llegar, porque la oferta de trabajo y residencia legal es únicamente por tres años (renovables, pero no de forma indefinida).

Actualmente hay en Estados Unidos unos 24 millones de personas de origen mexicano, que representan poco más de 8 por ciento de la población total de ese país y cerca de 23 por ciento de la población mexicana en territorio nacional. Según el reporte 30 años de política de población del Consejo Nacional de Población, hay 9 millones de mexicanos en territorio estadounidense, de los cuales 3.5 millones serían indocumentados.

Si bien, por definición es difícil medir con exactitud un fenómeno informal, se calcula que podría haber entre 8 y 12 millones de trabajadores migrantes indocumentados en Estados Unidos y, de ellos, el mexicano sería el grupo nacional más numeroso.

En términos generales, el nuevo programa migratorio tiene cinco propósitos: proteger la seguridad de Estados Unidos mediante el control de sus fronteras; coordinar la oferta con la demanda de empleo; proteger las condiciones laborales del empleado migrante; generar incentivos para que los migrantes vuelvan a sus países de origen, y proteger los derechos de los inmigrantes legales.

Banamex-Citigroup concluye que el impacto potencial para México de casi cualquier reforma migratoria en Estados Unidos es importante: en términos sociales, debido al gran número de mexicanos que llegan y viven allá en condiciones precarias, y en términos económicos, debido a la magnitud de las transferencias que representan sus ingresos para la economía mexicana.