Néstor de Buen

Charlemos de las facultades del Estado

En estos días se ha puesto de moda el tema de la intervención estadunidense en nuestros aeropuertos, con la tesis de que el riesgo de actos de terrorismo, anunciado con perversas intenciones por el gobierno de Estados Unidos, hace indispensable una coordinación de esfuerzos de nuestro país y el vecino del norte (Ƒserá un vecino incómodo?) para evitar las peligrosas consecuencias de esos actos.

Me parece absolutamente lógico que se tomen medidas para garantizar la seguridad de los vuelos que se dirigen a Estados Unidos, aunque tengo la impresión de que las supuestas amenazas forman parte más de una campaña prelectoral hacia la Presidencia, que de hechos reales. No hay que olvidar que los sistemas de seguridad estadunidenses han padecido impactantes fracasos y que sus advertencias tienen que ser tomadas con todas las dudas, sobre todo si se vive una época en que la propaganda política republicana se funda en el terror.

El problema radica en la intervención de agentes de Estados Unidos en el control de los pasajeros. La Secretaría de Gobernación ha publicado un desplegado (8 de enero, p. 15 de La Jornada), en el cual afirma que "Los oficiales de enlace del Departamento de Seguridad Interna, que previa acreditación por la embajada de Estados Unidos en México colaboran en el intercambio y análisis de información sobre los pasajeros y aeronaves con destino a su país, no realizan acto de autoridad alguno ni participan en las revisiones". Pero quiero suponer que si esos chavos alertan sobre antecedentes, los funcionarios mexicanos se cuadrarán y sacarán al sospechoso con lujo de fuerza del grupo de viajeros, violando por supuesto el artículo 16 constitucional al privarle de un derecho sin fundamento ni motivo.

Los voceros del gobierno y el propio Presidente de la República invocan que no se está violando ley alguna, que prohíba hacer lo que se hace, por lo que la colaboración de esos agentes es legítima. De paso, Gobernación, en su desplegado, expresa que se está cumpliendo el anexo 17 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (1944), que autoriza a cualquier país "solicitar garantías específicas para permitir el ingreso a su espacio aéreo de aviones", lo cual, me parece, no tiene nada que ver con el tema.

Creo que olvidamos una regla fundamental del derecho. Es muy sencilla: los órganos del Estado pueden hacer sólo aquello que la Constitución les permite. Los particulares, en cambio, pueden hacer todo lo que no se les prohíba.

Esa distinción entre actos del Estado y de particulares es particularmente visible en nuestra Constitución. Ahí se determinan expresamente las conductas autorizadas a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De esa manera, hacer lo que no está permitido evidentemente que será un acto contrario al mandato constitucional.

En este caso interesan las supuestas facultades del Poder Ejecutivo federal para autorizar la intervención de agentes de seguridad de Estados Unidos, aunque de acuerdo con la Secretaría de Gober- nación no realicen actos de autoridad. Aparentemente son manejadores de computadoras que ilustran al personal de las aerolíneas mexicanas y a nuestros servicios de seguridad sobre los posibles antecedentes de cada viajero. Pero hay que darse una asomadita al artículo 89 constitucional, en el que puede advertirse, en las fracciones VI y VII, que el Ejecutivo, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, sólo puede disponer del Ejército, de la Marina de guerra, de la Fuerza Aérea o de ese instrumento nebuloso cuya concreción no conozco que se denomina "Guardia Nacional".

La conclusión es más que obvia. El tema en juego es un problema de seguridad. La presencia de agentes extranjeros, que no son agentes diplomáticos que puedan ser acreditados como servidores de la embajada, se refiere expresamente a la circunstancia, reconocida en el desplegado de Gobernación, de que son enlaces del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Luego, con la expresa autorización de nuestro gobierno, ejercen una función que la Constitución no permite.

En estos días ha llegado a mis manos un libro de Greg Palast (The best democracy money can buy), que relata con lujo de detalles, entre otras cosas, de qué manera el gobernador de Florida, Jeb Bush, con arte computadoril borró de las listas electorales a un número muy grande de previsibles demócratas (particularmente de color, negro, por supuesto), que excedía con mucho la precaria y discutible ventaja que dio, junto con la Corte Suprema, la presidencia a Jorgito.

Ello me hace pensar que las computadoras en manos de estos personajes son mucho más peligrosas que el personal extranjero que pudiera tener a su cargo la revisión de los pasajeros, por supuesto, con y sin pistola. Que lo digan afganos e iraquíes.