Cárcel a invasores

Endurecen sanciones para delitos ambientales

LAURA GOMEZ FLORES

La secretaria de Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que quienes participen en invasiones, cambio de uso de suelo o depositen residuos de construcción en áreas naturales protegidas se harán acreedores a penas de tres a nueve años de prisión y multas hasta de 226 mil 200 pesos.

También se sancionará a quienes alteren u operen en forma indebida el equipo para la verificación vehicular o vendan ilícitamente los hologramas, mientras a quien reciba u ofrezca dádivas para la aprobación de ese examen se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multas de 20 a 500 días de salario mínimo, es decir, hasta 22 mil 600 pesos, informó.

Las modificaciones realizadas al nuevo Código Penal del Distrito Federal en materia de delitos ambientales, que entrarán en vigor un día después de publicarse en la Gaceta Oficial, consideran también la posibilidad de que un juez, apoyado en un dictamen técnico, pueda reducir hasta en tres cuartas partes la pena de cárcel, si se resarcen los daños ambientales.
"Esto no está reconocido a nivel federal, ni internacional; sin embargo, a nosotros no necesariamente nos interesa que la gente esté en la cárcel, sino que se resarzan los daños ambientales", puntualizó la funcionaria, quien advirtió que no se permitirán más invasiones en las áreas naturales protegidas y en suelo de conservación.

Acompañada por el director jurídico de la dependencia, Jorge Muñoz, explicó que se trabajará con la Secretaría de Seguridad Pública y las nueve delegaciones que tienen áreas con esas características, para mantener una actividad intensa de vigilancia y control. La funcionaria estimó que el incremento de las sanciones provocará un alza en el número de vehículos rechazados en la verificación, que actualmente es de 30 por ciento, de un total de un millón 900 mil registrados, semestralmente.

Por otra parte, la Secretaría de Transporte informó que a partir del primero de marzo, las multas para taxis, microbuses, autobuses y vehículos de carga que no tengan en buenas condiciones físicas y mecánicas sus unidades serán de entre 339.50 y 18 mil 678.60 pesos, más su remisión al corralón por 15 días, donde pagarán hasta 18 mil pesos para liberarlas.