Resurge el sindicalismo fantasma en el gobierno de Guanajuato

En un hecho sin precedente, un organismo público descentralizado firmó un contrato colectivo con un sindicato fantasma (un membrete desconocido por los trabajadores) y celebró una relación de tipo civil (no laboral) con el propósito de evadir, por esa vía, el pago de prestaciones y seguridad social.

La directiva del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (Sabes) de Guanajuato repitió las prácticas del llamado contratismo de protección, esquema al que recurren miles de empresas privadas en el país para eliminar la vida sindical activa que conlleva aumento de salarios y prestaciones y, eventualmente, conflictos colectivos como huelgas.

Por ese hecho será denunciado el gobierno de Guanajuato, que encabeza el panista Juan Carlos Romero Hicks, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), derivado de la presunta violación al convenio 87, relativo al respeto de la libertad sindical.

Según la versión de la dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados del Sabes, existen "claras violaciones en materia laboral". Los trabajadores de esta entidad educativa se organizaron gremialmente para obtener seguridad social y jurídica. Tras litigios por la titularidad de contrato colectivo de trabajo, los empleados fueron registrados en febrero pasado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aun cuando el sistema referido fue creado hace ocho años.

Ante ello, comentan afiliados, la dirección del Sabes decidió formar el Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior, con un contrato de protección. A partir de ello, los trabajadores independientes demandaron al sindicato blanco la titularidad del contrato colectivo. Sin embargo, posteriormente con otro membrete (Sindicato Nacional Presidente Adolfo López Mateos de Trabajadores y Empleados del Comercio en General y Escuelas Particulares, Similares y Conexos de la República Mexicana) se solicitó la cancelación del registro de la organización independiente, al argumentar que son los titulares del contrato, "aun cuando desde el 19 de diciembre de 2002 el sindicato citado y la autoridad del Sabes habían dado por terminada su relación".

Pese a lo anterior, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en León, Guanajuato, determinó la suspensión de la titularidad con el argumento de que era necesario resolver, en principio, sobre la existencia legal del sindicato independiente.

FABIOLA MARTINEZ