A petición de la iglesia presbiteriana, la SG integra un grupo interinstitucional

Revisarán situación legal de protestantes encarcelados por la matanza de Acteal

CIRO PEREZ SILVA Y JOSE ANTONIO ROMAN

La Secretaría de Gobernación (SG) integró un grupo de trabajo técnico interinstitucional para analizar la situación jurídica de quienes se encuentran sujetas a proceso con motivo de la matanza en Acteal, para atender la petición de iglesias protestantes, principalmente la Iglesia Na-cional Presbiteriana de México, que señaló que existen personas injustamente privadas de su libertad por los sucesos ocurridos en el municipio de Chenalhó, Chiapas, en diciembre de 1997.

La dependencia señaló en un comunicado que, si bien se trata de un asunto que no es de carácter religioso, la petición de la citada asociación obedece a que la mayoría de las personas sujetas a proceso son protestantes.

Dicho grupo de trabajo, que será coordinado por la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, llevará a cabo, conjuntamente con la defensa de los acusados, una revisión jurídica de las cuantro causas que actualmente se siguen en el proceso penal de 76 personas recluidas en el penal de Cerro Hueco, Chiapas, para que con estricto respeto a la autonomía de las autoridades jurisdiccionales que conocen de estos asuntos, se pueda contar con elementos técnico-jurídicos en favor de aquellos que pudieran ser inocentes.

La SG sostiene que con estas acciones de ninguna manera se busca sustituir a la defensa de los acusados ni a las instituciones competentes para resolver lo que proceda en cada caso. Para la atención de esta problemática, la dependencia ha llevado a cabo reuniones de trabajo en las que los peticionarios han mostrado convicción en sus planteamientos, a la vez que ha existido un ambiente de respeto y cordialidad.

La integración de dicho grupo de trabajo se logró después de una manifestación pública de cientos de líderes y fieles de las iglesias protestantes más representativas frente a la SG la tarde del pasado lunes, encabezadas por la Secretaría de Comunicación Social de las Iglesias Cristianas Evangélicas (Secosice), cuyos representantes fueron recibidos por el titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la dependencia, Daniel Cabeza de Vaca, y por el director de Asuntos Religiosos, Alvaro Castro.

El pastor presbiteriano Abner López Pérez, director de la Sociedad Bíblica de México y principal interlocutor de las iglesias evangélicas para este caso, informó que a dicho grupo se integrará una representación de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de que ha solicitado que también se incorpore un representante del gobierno del estado de Chiapas.

La comisión deberá estar integrada antes de que concluya el año. Su objetivo será revisar detalladamente cada uno de los casos de los presos "acusados injustamente" en la matanza de Acteal, determinar si hubo irregularidades y, en su caso, solicitar al Poder Judicial de la Federación la revisión de los mismos, pues mantener presas a personas inocentes no sólo promueve la impunidad, sino una injusticia mayor.

Al cumplirse seis años de la matanza, Abner López precisó que ha sido mucho tiempo el que los evangélicos han esperado con prudencia y pacientemente, pero ahora exigen de las autoridades compromiso reales para hacer justicia y liberar a quienes son inocentes. "Mientras no veamos hechos concretos, la comunidad evangélica del país seguirá con las movilizaciones, inclusive con una campaña internacional de derechos humanos", advirtió.

Señaló que por conducto del director de Asuntos Religiosos han solicitado un encuentro con el secretario Santiago Creel lo más pronto posible, para lograr de su parte un compromiso de que este caso no sólo será atendido como merece, sino que tendrá la voluntad política del gobierno del presidente Vicente Fox de llegar hasta las últimas consecuencias y esclarecer el asesinato de 45 personas en Acteal, caso en el que "los evangélicos no tuvieron ninguna responsabilidad" y sólo han servido de "chivos expiatorios" para acallar las voces de la opinión pública.