El plan de "separación voluntaria" y otras formas de retiro inducido, los instrumentos

Este año se han cancelado 30 mil plazas en el gobierno federal, según sindicalistas

FABIOLA MARTINEZ

En el año que concluye han sido canceladas por lo menos 30 mil plazas en la estructura de la administración pública federal mediante el programa de "separación voluntaria" y otras formas de retiro inducido, señalaron dirigentes de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado.

Las cifras oficiales respecto a los programas de retiro no han sido difundidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni por el área de servicio civil de carrera de esa dependencia, y aunque la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) sólo reconoce el recorte de 4 mil plazas por esta vía, en diversas secretarías (Comunicaciones y Transportes, por ejemplo) se admite un desplome de 3 mil 500 puestos en la nómina de empleados de base.

El miércoles pasado, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, dejó en claro que el gobierno no debe ser el "gran empleador" y ratificó que continuará el adelgazamiento de la plantilla de empleados públicos. Lo anterior, con el argumento de que el gobierno debe administrar de manera eficiente los recursos de la población; además, "aquellos que se retiran se van bien jubilados con su ahorrito", afirmó.

Lo cierto es que el programa de separación voluntaria -el cual cumplió cinco etapas de recepción de solicitudes- ha sido bien acogido por diversos sectores, en especial porque otorga una liquidación superior a la que marca la ley. Por ejemplo: a un empleado con más de 25 años de servicio, con sueldo promedio de 4 mil pesos, le correspondería un finiquito de cien mil pesos, pero con el esquema referido puede obtener hasta el doble.

Mientras tanto, trabajadores adscritos a la SHCP y al Servicio de Administración Tributaria denunciaron que la Dirección de Recursos Humanos de esta dependencia ha transgredido la ley burocrática, la Ley Federal del Trabajo y las condiciones laborales generales para aplicar un despido colectivo de aproximadamente 900 empleados, con el argumento de presuntas faltas administrativas.

En un ambiente en el que persiste la disputa por el reconocimiento oficial del sindicato en la SHCP (actualmente dos grupos se ostentan como los "auténticos" representantes), la dependencia que encabeza Francisco Gil Díaz emitió oficios idénticos, expedidos por la Dirección General de Recursos Humanos, que, de acuerdo con los afectados, no precisan los detalles de las presuntas faltas y mucho menos son resultado de un proceso administrativo o de conciliación, canal legal para llegar a un eventual despido.

El documento referido, firmado por el director general de personal, Jorge Sergio Félix Cortes, señala: "Me permito comunicarle que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales hizo del conocimiento de esta Dirección General de Recursos Humanos que las funciones encomendadas a usted no han sido desarrolladas con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, lo que ha provocado la deficiencia del servicio en su área de adscripción y, por ende, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como quedó acreditado en la constancia de hechos levantada por su jefe inmediato de fecha 17 de octubre.

"Por lo anteriormente expuesto se desprende que usted ha omitido cumplir con la obligación contenida en el artículo 44, fracción I de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, consecuentemente, se configuró la hipótesis prevista por el artículo 46 fracción I de la ley invocada; por lo que en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 67, fracción XII del reglamento interior de la SHCP, comunico a usted que el nombramiento expedido a su favor deja de surtir efectos sin responsabilidad para esta secretaría a partir de la fecha de notificación del presente proveído".

Al respecto, el dirigente de la federación de burócratas, Joel Ayala Almeida, manifiesta constantemente su rechazo a ese tipo de programas. Sin embargo, asegura Víctor Bernardo López, dirigente del sindicato de la SCT, "lo cierto es que no se ha emprendido ninguna acción de resistencia ni ha dado pelea. Por el contrario, se especula que la FSTSE obtiene una tajada por cada plaza que cancela el gobierno federal".

López, uno de los promotores de la central alterna a la FSTSE que impulsa el sindicato magisterial, admitió que el gremio que encabeza sufrió una pérdida de 3 mil 500 puestos, es decir, alrededor de 10 por ciento de la membresía total en esa secretaría. En un caso similar estarían otras dependencias, a excepción de los organismos ligados al sector salud y al magisterio.

Manifestó que los únicos que poseen información exacta del número de bajas son, por supuesto, el servicio civil de carrera de la SHCP y el líder de la FSTSE. No obstante, el grupo opositor a la federación de empleados públicos, encabezado por el magisterio, calcula que la pérdida es de por lo menos 30 mil puestos. Lo anterior, en concordancia con la meta de gobierno de reducir, en el año que concluye, la nómina en 125 mil lugares, para alcanzar una reducción presupuestal de cada dependencia federal de 17 por ciento, en promedio.

Señaló también que continúa en ascenso el "terrorismo laboral" y que pese a ello "la actitud pasiva de la FSTSE, salvo en las estridentes declaraciones de Ayala ante la prensa, sólo refuerza las versiones de que hay contubernio entre Hacienda y el senador".