Se demostró en La Haya que Washington violó garantías consulares, señala

Confía México en que EU reponga los procesos de 52 condenados a muerte

La representación nacional concluyó sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia

ROSA ELVIRA VARGAS ENVIADA

La Haya, 18 de diciembre. México concluyó sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) convencido de que Estados Unidos no logró demostrar ante los jueces del organismo que no incurrió en violación al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en el caso de los 52 mexicanos que se encuentran condenados a muerte. Así, espera que el fallo sea favorable a su causa.

Mantiene sobre todo la expectativa de que, con la argumentación presentada, el gobierno estadunidense sea obligado a instaurar mecanismos para revisar y someter a nuevo examen las causas de cada uno de esos mexicanos.

Para el equipo gubernamental, sus pruebas son de tal solidez que las propias autoridades estadunidenses, en acatamiento de la sentencia, no tendrán más remedio que disponer la reposición de los procedimientos judiciales, sin que se incluya el llamado de clemencia o indulto, porque se trata de un instrumento jurídico y, por tanto, es de uso discrecional.

El embajador Santiago Oñate, responsable de hacer la lectura final de la petición mexicana, manifestó el interés de obtener una sentencia por la cual se obligue a Washington a ofrecer garantías de cesar las violaciones que comete con frecuencia al derecho a la protección consular de los extranjeros.

"Estados Unidos no logró demostrar que no ocurrieron las violaciones a la Convención de Viena en materia de relaciones consulares en perjuicio de los 52 mexicanos que se encuentran condenados a muerte en prisiones estadunidenses", dijo al salir de la audiencia el jefe de la delegación mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo.

El equipo estadunidense, destacó, tampoco presentó pruebas fehacientes para respaldar su alegato de que a la larga algunos sentenciados a la pena capital habrían adquirido la nacionalidad estadunidense.

"No hay prueba aportada en los expedientes del caso. En cambio, nosotros sí aportamos prueba evidente de la nacionalidad y de las violaciones, con base incluso en decisiones de cortes de Estados Unidos que reconocieron que esas transgresiones habían ocurrido. En una palabra: quisieron negar absolutamente todo y por esa vía desconocer la competencia de la CIJ para conocer el caso, pero tampoco lo lograron", aseguró.

Sandra Babcock, pieza fundamental en la elaboración argumental de México debido a su amplia experiencia profesional en la defensa de condenados a muerte en Estados Unidos, en su presentación más reciente ante la corte buscó convencer a los jueces de que, en un caso de pena capital, la ausencia de la atención consular afecta los resultados, especialmente la sentencia.

"Traté de mostrar a los jueces que no conocen el derecho penal y nunca han estado en una corte en Estados Unidos en un caso de pena capital, cómo funciona eso en el mundo real, porque ahí la sentencia capital es un asunto politizado."

Discriminación

Señaló que sí puede decirse que se discrimina a los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. "También sabemos que la pena de muerte es afectada por consideraciones raciales; hay varios estudios que comprueban este efecto. No se puede decir que en todos los casos hubo esa discriminación pero sí que ocurre".

Babcock es estadunidense, al igual que otros abogados que defienden la causa mexicana, como Donald Francis Donovan, Katherine Birmingham y Dietmar Prager.

"Realmente no he tenido presión por ser de Estados Unidos y estar colaborando. (Pero) la última vez que estuve aquí, en la otra audiencia, una abogada que trabaja para ellos me dijo al terminar: 'estoy aquí representando a nuestro país, a nuestro gobierno, a nuestro presidente...' Yo realmente no sabía qué decir, porque para mí es un honor trabajar como abogada para el gobierno de México en este asunto. Estoy trabajando para la justicia."

Es claro que Babcock conoce el sistema judicial de su país. Por eso, frente a 16 jueces y con el equipo jurídico del Departamento de Estado a su izquierda, no vaciló al decir, por ejemplo, que la decisión de buscar la pena de muerte es esencialmente política.

Lo anterior, argumenta, "porque el fiscal, que en muchos estados es elegido, decide si va a buscar la pena capital o no, y no hay muchos fiscales que sean hispanos. Además, la decisión en el proceso de clemencia ejecutiva también es política".

Añadió que hay 52 mexicanos que todavía pueden beneficiarse del fallo de la corte, y esa es la distinción crítica entre este fallo y el caso LaGrand, en el cual se dictaminó que hubo errores de procedimiento y falta de tiempo. Al final ese ciudadano alemán fue ejecutado.

La cuestión central es que las autoridades estadunidenses no aprecian el derecho internacional, y han hecho una interpretación limitada y literal, y en realidad la decisión de la CIJ sobre el tema LaGrand no ha tenido un efecto real en los casos de los mexicanos. "Es un fallo que es enormemente importante pero que ha tenido una interpretación muy restringida".

Durante las audiencias de estos días llegó aquí la noticia sobre la suspensión temporal de la ejecución de un vietnamita en Oklahoma. Se trata de uno más de los casos que caen en el abanico de argumentos que plantea la denuncia mexicana: no fue informado de sus derechos consulares y, ahora, el gobernador de ese estado, sin aludir a la Convención de Viena, demora la ejecución para someter a revisión el caso, "porque así lo recomendó la Junta de Indultos y Libertad bajo Palabra".

Pese a tal regateo de razones, para Babcock resulta evidente que el juicio que se sigue aquí en La Haya tuvo un impacto en este caso. "Estoy feliz, contentísima de que haya personas que creen que ese derecho es importante, pero no hay ninguna garantía de que en el próximo caso que venga en Texas la junta de perdones vaya a proceder igual", planteó.

Visto así, en la lectura de sus peticiones México reclamó hoy a la CIJ que determine la violación que en su perjuicio y de sus ciudadanos ha resultado por la conducta de Estados Unidos al no notificar a los cónsules mexicanos de la detención de los 52 sentenciados a muerte.

"Pedimos a la Corte que reafirme la obligación que tiene Estados Unidos de cumplir con la disposición del artículo 36 (1) de la Convención de Viena, donde se establece que esa notificación debe ser inmediata, a fin de dar oportunidad a la sección consular de auxiliar y defender a los mexicanos'', expuso Oñate.

Además, "pedimos que tenga por definida la violación cometida por Estados Unidos". Admitió que la revisión de los juicios es algo que corresponde al derecho interno estadunidense y que la demanda mexicana es estrictamente de derecho internacional.

"Lo que hemos dicho en nuestra argumentación es que una forma, un ejemplo, en que algunas violaciones se arreglan es con un nuevo proceso, aunque la corte no le puede decir'' a Estados Unidos lo que tiene que hacer con sus procedimientos internos. Pero sí establece que los casos regresen a statu quo ante. En rigor eso solicitaría.

"Un fallo a favor de México tendría efecto para cualquier extranjero que es detenido en otro país. El antecedente LaGrand no hizo mella en las prácticas judiciales estadunidenses, pero eso no quiere decir o no previene que una nueva decisión no pueda ser eficaz'', concluyó Oñate.

Este viernes corresponderá a Estados Unidos utilizar también dos horas para presentar sus últimos argumentos. Las curiosas prácticas de la CIJ sugieren que en alguno de los días del juicio se propicie un acercamiento entre las partes, no para negociar, sino sólo para conocerse e intercambiar impresiones. Hoy fue ese día.