Las accciones que realiza son contra la delincuencia organizada, asegura

Niega la PGR realizar espionaje telefónico en Chihuahua

La grabación de una plática entre Patricio Martínez y Núñez Soto, prueba irrefutable: gobierno estatal

MIROSLAVA BREACH Y RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSALES

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que el Ministerio Público solicitó ya formalmente a la dependencia atraer la averiguación previa sobre el presunto espionaje político contra el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, en virtud de que los detenidos son servidores públicos y porque se trata de un delito de carácter federal.

En un comunicado la subprocuraduría negó acciones de espionaje telefónico en Chihuahua y aclaró que en ese estado se realiza una investigación relevante contra la delincuencia organizada. Precisó que con base en facultades legales y en coordinación con autoridades federales de otros países las pesquisas ya arrojaron resultados importantes.

Sin embargo, ante las versiones anteriores, el gobierno de Chihuahua reiteró su llamado al gobierno federal para que de manera seria indague a fondo la existencia de espionaje político y mostró como prueba la grabación de una conversación que sostuvieron el martes anterior los gobernadores Patricio Martínez y Manuel Angel Nuñez Soto, de Hidalgo.

En conferencia de prensa, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Chihuahua, Antonio García Hernández, aseguró que cuentan con pruebas irrefutables del espionaje político del que, dijo, están siendo objeto el jefe del Ejecutivo estatal y sus principales colaboradores por instancias federales, e indicó que en la revisión del material decomisado el jueves pasado en un centro de espionaje del Cisen y la PGR, donde se detuvo a dos efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), se encontró la grabación de una conversación del gobernador Martínez y su homólogo hidalguense cuando el primero estaba en su despacho de palacio de gobierno. En la plática ambos gobernadores hablan de asuntos relacionados con la reforma fiscal que estaba por analizarse en el Congreso de la Unión y el caso de la destitución de la coordinadora del PRI, Elba Esther Gordillo.

Sostuvo que el hecho de que personal de la PGR, identificado en su nómina y utilizando equipo inventariado por esa dependencia, haya grabado la conversación entre dos gobernadores de un partido político contrario al del gobierno federal, evidencian la existencia de espionaje político y colocan al Estado Mexicano como un Estado policiaco.

Lamentó que por esos medios, "a todas luces violatorios del Estado de derecho, de la soberanía estatal y de los más elementales derechos humanos", el gobierno federal se allegue información privilegiada para utilizarla con fines políticos.

Además, descalificó la versión de la subprocuraduría de la PGR cuando informó que los agentes detenidos el jueves pasado realizaban una indagatoria sobre narcotráfico, y que la intervención de la procuraduría de Chihuahua pone en riesgo el éxito de la misma y la seguridad del personal policiaco y ministerial que estaba en la investigación.

En respuesta, la procuraduría de Chihuahua aseguró que la detención de los funcionarios de la AFI se realizó en flagrancia, en virtud de que tenían intervenidos varios números telefónicos particulares y de funcionarios estatales sin que existiera una orden judicial para efectuar esas tareas.

"El cateo de la Policía Judicial del estado a una casa de seguridad en Chihuahua está totalmente apegada a la ley y con el soporte que da el Poder Judicial, pues todas las acciones están apoyadas en autorizaciones judiciales y no en acciones arbitrarias y sin sustento", agregó.

Resultado de las investigaciones

Por otra parte la SIEDO destacó que con las investigaciones en Chihuahua "se logró el aseguramiento de 1.5 toneladas de mariguana, que llegaron a nuestro país en un barco procedente de Barcelona, España, el cual hizo escala en Jamaica y arribó al puerto de Veracruz", subrayó.

Además se deslindó del origen y uso del equipo de intervención de comunicaciones de alta tecnología que supuestamente fue asegurado a agentes de esa subprocuraduría, quienes además fueron detenidos.

Puntualizó que los trabajos que realiza su personal son de "estricta confidencialidad", por lo que la demanda que hace la PGJE para conocer la información sobre su desempeño pone en riesgo el éxito de la investigación y la integridad física del personal ministerial y policial que forma parte de las indagatorias.

Precisó que continuará con la integración de la pesquisa correspondiente y en su momento ejercerá acción penal contra quienes resulten responsables. (CON INFORMACION DE NOTIMEX)