José Antonio Rojas Nieto

Del desgano al enfado

Sin duda es muy importante profundizar en la relación impuestos-energía. Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) merecen otro trato y muchísimo más respeto a su lógica más virtuosa: en el caso de Pemex, derivada de la explotación de un recurso no renovable que arroja una renta petrolera propiedad de la nación; y en el caso de la CFE, vinculada a la prestación de un servicio público en el que es posible consolidar una renta eléctrica. Los hechos fiscales recientes lo ratifican. Hasta el jueves por la noche nunca habíamos visto un Presidente de la República desencajado. Sí, indudablemente, desganado, como bien lo caracterizó en La Jornada en días reciente Soledad Loaeza. Pero nunca enfadado y, menos aún, amenazante. El asunto es de cuidado porque la cuestión fiscal es de tanta importancia, pero al mismo tiempo de tanta complejidad técnica y de tanta sensibilidad política que sólo un Presidente sereno, prudente, astuto, inteligente y tolerante será capaz de consensar una propuesta que supere las dos contradicciones con que se enfrenta todo intento de cambio fiscal y que bien caracterizara León Bendesky hace unos días: por un lado, la equidad en su carga y la eficiencia en su recaudación; y, por otro, la legalidad por su instrumentación y la legitimidad por su aceptación social. El asunto no sólo no es sencillo sino tremendamente complejo y, peor aún, políticamente conflictivo. Pero no se puede eludir. Pese a esa complejidad y a esa conflictividad o, más bien, por ellas mismas, no se vale -de veras que no- amenazar a la población, asegurándole que con el rechazo del pasado jueves se cerró la vía para el desarrollo justo. De veras que no se vale.

Y, sin embargo, tiene absoluta razón el Presidente al afirmar que el gobierno requiere un fortalecimiento fiscal sustantivo. Pero falta a la verdad -y con él muchos de sus colaboradores y la alta jerarquía empresarial- al decir que ese rechazo se traduce en pauperización y derrumbe de nuestra economía y de nuestra sociedad. Quedó ampliamente demostrado no sólo que eran regresivas las propuestas de modificación al impuesto sobre la renta (ISR) y al impuesto valor agregado (IVA), sino que con ellas no se lograba una auténtica reforma fiscal de gran alcance y de largo aliento. En primer lugar porque una auténtica reforma fiscal exigiría, ante todo, una gradual, paulatina, firme e irreversible liberación fiscal de Pemex y de la CFE. Y en segundo, porque esa reforma fiscal de gran envergadura exigirá una estrategia de mediano y largo plazo capaz de integrar líneas de acción en, al menos, diez aspectos, algunos de las cuales, por cierto, han sido ampliamente documentados por Julio Boltvinik también en La Jornada: 1) impuestos a los ingresos de empresas y corporaciones, lo que, ante todo, exigiría una rigurosa redefinición de la base gravable, pero también de la tributación a las grandes empresas que están atrás de la llamada economía no declarada, informal o subterránea; 2) impuestos a dividendos y fondos financieros; 3) impuestos a grandes transacciones financieras externas y de cambio de propiedad corporativa; 4) impuestos a las transacciones con el exterior y de comercio electrónico (e-commerce); 5) sin duda, impuestos a familias y personas, y su progresividad; 6) contribuciones a la seguridad social y a los fondos de jubilación; 6) también sin duda, impuestos al consumo y exenciones y diferenciaciones; 7) impuestos a propiedad y patrimonio, incluido el delicado asunto de las herencias; 8) devolución de impuestos y subsidios fiscales; 9) recaudación y administración tributarias; 10) y, finalmente, normatividad y coacción fiscal.

Frente a este panorama tan extenso y delicado de aspectos que debiera incluir una reforma fiscal de fondo resulta más o menos obvio que, ni por asomo, la miscelánea fiscal presentada esta semana llegó a representar dicha reforma. Para ello se requiere más inteligencia y astucia que la mostrada hasta hoy por los asesores presidenciales y los funcionarios encargados de su diseño, que pretendieron hacer pasar acciones profundamente regresivas con el disfraz de progresividad y equidad. Pero para lograr el más amplio consenso social posible también se requiere más, mucho más de actividad política, y no sólo un cabildeo pragmático y una publicidad mediática superficial como los desplegados por las oficinas presidenciales estas últimas semanas, aprovechando los conflictos internos del PRI.

Pese a las tremendas dificultades, muchos anhelamos que nuestro Estado llegue a contar con ingresos fiscales no petroleros capaces de superar, al menos, 20 por ciento del producto interno bruto, pero reunidos sobre la mayor equidad, la máxima eficiencia, el máximo soporte legal y la legitimidad más amplia posibles. Esta meta puede exigirnos años de esfuerzo pero la podemos lograr. Sería supuesto y consecuencia de una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo que, entre otras cosas, permitiría a la sociedad disponer de parte sustantiva de su renta petrolera y su renta eléctrica (más de 25 mil millones de dólares y de 4 mil, respectivamente, en 2003) para financiar la expansión y el fortalecimiento productivo de las industrias nacionales estratégicas: petróleo y electricidad, y con ello apalancar de manera sólida sólo un desarrollo sustentable y justo. šNada más, pero nada menos!

NB. Lamento profundamente el fallecimiento de don Luis González -de cuya cercanía siempre disfrutaron, para su fortuna, mis hermanos Beatriz y Jean- y quien con su oficio de historiar desde San José de Gracia nos enseñó a ver nuestro querido México de otra manera. šPor todo eso, gracias, don Luis!

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