El gobierno plantea el problema como de urgente solución

El plan fiscal sólo resolvería 80% del desabasto de fármacos

Pese a que considera impulsar la operación del seguro popular, tampoco prevé recursos para infraestructura en los hospitales

ANGELES CRUZ

Aunque terminar con el desabasto de medicamentos es, supuestamente, una de las prioridades del gobierno federal, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2004 plantea resolver este problema en apenas la cuarta parte de las clínicas y hospitales de segundo nivel, las cuales -dice- contarán con 80 por ciento de los fármacos que necesitan los pacientes.

El plan económico que en los próximos días se someterá a discusión en la Cámara de Diputados contiene, además de la anterior, una serie de contradicciones. Uno de los programas estratégicos de la Secretaría de Salud (Ssa) es el relativo a la prevención, detección oportuna y tratamiento del cáncer en la mujer, el cual es la principal causa de muerte en la población femenina por tumores malignos. Sin embargo, para el próximo año se plantea como meta específica la realización de pruebas de detección de cáncer cérvico- uterino sólo a 60 por ciento de las posibles afectadas, mientras que únicamente 5 por ciento será sometida al examen de diagnóstico de cáncer de mama. Ambos padecimientos ocasionan alrededor de 20 muertes diarias en México.

En los próximos años casi 23 millones de personas podrían desarrollar diabetes mellitus, enfermedad que desde 2000 es la primera causa de mortalidad general en el país. Lineamientos de la Organización Mundial de la Salud la ubican ya como epidemia, y México está entre los países con mayor número de casos. No obstante, la estrategia sanitaria para el próximo año plantea incorporar al programa de detección sólo a 28 por ciento del grupo de riesgo. En todos los casos se trata de individuos que no tienen acceso a las instituciones de seguridad social.

El proyecto de presupuesto para 2004 fue diseñado por el Ejecutivo federal bajo el supuesto de que los legisladores aprobarían la propuesta de reforma fiscal, que incluía la aplicación del impuesto al valor agregado a alimentos y medicinas, entre otras medidas de recaudación.

Dentro de ese proyecto, la estrategia que sí obtendría los recursos económicos suficientes para operar, si así lo autorizan los diputados, es el seguro popular, para el cual el Ejecutivo solicita la asignación de 3 mil 800 millones de pesos. Con base en la reforma a la Ley General de Salud del pasado abril, el gobierno de la República dice estar comprometido con los afiliados al nuevo esquema a proporcionarles atención médica, estudios de laboratorio y medicamentos para el tratamiento de las enfermedades más comunes.

Lo que queda sin explicación es cómo lo logrará, pues el programa federal de inversiones no prevé realizar ningún trabajo para el fortalecimiento de la infraestructura física, adquisición y equipamiento de las unidades médicas de primer y segundo niveles, las cuales son fundamentales para el funcionamiento del seguro popular. Ya el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, ha admitido que actualmente dichas instituciones reportan carencias que requieren solventarse.

Los recursos destinados al seguro popular se utilizarán en la afiliación de 1.6 millones de familias, de las cuales 60 por ciento viven en zonas rurales. El proyecto presupuestal especifica, en este caso, un cumplimiento de 100 por ciento de la meta.

Respecto al abasto de medicamentos, el capítulo relativo a la clasificación funcional del gasto destaca que es "otra de las acciones relevantes en materia de salud". Ofrece "impulsar mecanismos que incrementen la eficiencia y transparencia en la licitación, adjudicación y distribución de insumos, así como para proporcionar oportunamente a la población los fármacos y el material de curación necesarios para el tratamiento y atención de enfermedades". El texto detalla que la administración foxista requiere para 2004 una asignación presupuestal de 24 mil 800.4 millones de pesos para este propósito.

Sin embargo, en el desglose de la información por metas presupuestarias se establece que 25 por ciento de las unidades médicas de primer y segundo niveles (centros de salud y hospitales generales) logren un abasto permanente de 80 por ciento del cuadro básico. Es decir, de un universo de 8 mil 195 clínicas y nosocomios, apenas unas 2 mil contarán con los fármacos necesarios para operar.

Ni siquiera la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud alcanzará cobertura nacional en 2004, a pesar de que está vigente desde el segundo mes de la actual administración (enero de 2000). De acuerdo con el proyecto económico, de 25 mil usuarios considerados en la estrategia, alrededor de 60 por ciento hará una antesala menor a 15 minutos antes de ser atendidos en los servicios de urgencias en unidades de segundo nivel para la población no asegurada.

Desde el inicio de la presidencia de Vicente Fox también se estableció el programa Arranque Parejo en la Vida, uno de cuyos principales objetivos es garantizar la atención de embarazos y partos por personal médico capacitado, con el propósito de mejorar las condiciones de nacimiento de los niños. Según el programa de 2004, este es todavía un trabajo pendiente de resolver en su totalidad, pues se plantea que 82.5 por ciento -alrededor de 700 mil, de un universo de 848 mil 500- de las mujeres no derechohabientes de la seguridad social reciban el servicio médico especializado que requieren.

Asistencia social sin crecimiento

Según el proyecto presupuestal, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibiría el próximo año mil 32.2 millones de pesos, cifra equivalente a una reducción de 4 por ciento en términos reales respecto a lo ejercido en 2003. Lo anterior, a pesar de que el mismo texto señala que "una de las labores fundamentales del Estado en materia de desarrollo social y humano es la asistencia a grupos vulnerables", como las personas con discapacidad, a las que se destinarían 234.2 millones de pesos, y la población en desamparo, que recibiría 496.4 millones. Aquí están comprendidas las estrategias dirigidas a menores en riesgo, adultos mayores, los desayunos escolares, programas alimentarios, de atención a la salud del niño, de asistencia jurídica en pro de la defensa del menor y la familia, entre otros.

En días pasados, la titular del DIF, Ana Teresa Aranda, señaló la necesidad de que los recursos para esta institución se incrementen, a riesgo de que varios de sus programas desaparezcan, como el de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (Paidea).

Por otro lado, el proyecto presupuestal reconoce que en 2004 el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores -antes Instituto Nacional de la Senectud-, que "se convirtió en órgano rector de las políticas públicas de atención a las personas de la tercera edad", recibirá 170 millones de pesos, cifra menor en 9 por ciento en términos reales respecto al cierre de 2003. En forma adicional, el plan económico prevé 500 millones de pesos para atender a los adultos mayores que viven en condiciones de pobreza en zonas rurales, como parte del Acuerdo Nacional para el Campo.