La iniciativa, más dañina que la propuesta de IVA generalizado

Privilegia el plan fiscal de Fox a trasnacionales

Con trampas, se establecen exenciones a las firmas: Garza Galindo

Dejarían de pagar derechos por la extracción de hidrocarburos

ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

La propuesta fiscal del presidente Vicente Fox no sólo pretende un alza de impuestos que afecta a la mayoría de la población, sino que incluye una propuesta tributaria para Petróleos Mexicanos (Pemex) que beneficia directamente a las empresas trasnacionales a las que se ha concesionado la explotación de gas natural, pues "de manera tramposa" se establecen exenciones, entre ellas por el pago de los derechos de extracción del hidrocarburo.

La discusión sobre la miscelánea fiscal se ha centrado en el impuesto al valor agregado (IVA), pero la iniciativa sobre la Ley Federal de Derechos "es aún más grave", toda vez que se pretenden validar los llamados contratos de servicios múltiples (CSM) y la privatización "también silenciosa" del sector petrolero, en respaldo de las firmas extranjeras que ya operan en el país, entre ellas la española Repsol, advirtió la senadora priísta Laura Alicia Garza Galindo.

Está en manos de los diputados, agregó, desechar el capítulo 12 de la Ley Federal de Derechos -referido al régimen fiscal de Pemex-, que forma parte del proyecto de Ley de Ingresos que Fox hizo llegar a San Lázaro y seguramente retomarán los legisladores para presentar un nuevo planteamiento.

"Espero que mis compañeros diputados entiendan la gravedad de esa propuesta, muy similar a la que se impuso en Bolivia y que se enmarca en el afán del actual gobierno de entregar los recursos energéticos a trasnacionales", añadió.

Daños a Pemex

Hizo notar que detectaron también que el porcentaje de las ganancias que se llevarán Repsol y las otras corporaciones extranjeras que explotan el gas natural no es de 50, como se pensaba, sino de 80, es decir, Pemex se quedará con sólo 20 por ciento.

Para ocultar "esa barbaridad", al ejemplar del CSM ya firmado que la Secretaría de Energía hizo llegar al Senado le falta la página 170, donde se establece el reparto de las ganancias.

"Es obvio que las trasnacionales se llevarán todo, por lo que en unos años la Secretaría de Hacienda dejará de recibir 33 por ciento de los ingresos que hoy recibe de Pemex. En otras palabras, se estaría perdiendo la mayor parte de la renta nacional."

Lo anterior se relaciona directamente, abundó, con las modificaciones propuestas por Fox en la iniciativa de Ley Federal de Derechos -en la que se introdujo un nuevo capitulado-, la cual pretende que entre en vigor en 2004. No es algo fortuito, precisó, sino un plan que la administración Fox comenzó a fraguar desde diciembre de 2002, cuando se discutió la Ley de Ingresos.

En ese año fue modificado por completo el capítulo 12 de la Ley Federal de Derechos. Se derogaron los artículos 254 al 258, referidos a derechos sobre hidrocarburos, y del 259 al 261, en torno a derechos adicionales sobre hidrocarburos.

En la Ley de Ingresos de 2003 -hecha el año pasado- suprimieron todo y dejaron un solo artículo en torno a derechos sobre la extracción de hidrocarburos.

La propuesta actual retoma el capítulo 12, pero con un nuevo clausulado en el que ya no se habla de "Pemex y sus subsidiarias", sino de "quienes exploten yacimientos de petróleo crudo y gas natural".

En un estudio elaborado por los asesores de los senadores priístas se señala que en ese nuevo esquema fiscal para la paraestatal se establece -artículo 254, título II, inciso a- que se exenta a Pemex del pago de extracción de gas no asociado cuando la producción no rebase la cantidad de un millón de pies cúbicos diarios por pozo.

Sin embargo, quienes realizarán las actividades de exploración y extracción del gas no asociado en la cuenca de Burgos son compañías petroleras extranjeras con las que Pemex firmó los CSM, cuya legalidad aún está a discusión y debate.

El análisis llevado a cabo por los asesores de los senadores priístas revela que el contrato que se concedió a Repsol es para explotar el bloque Reynosa-Monterrey, del que 60 pozos producían ya gas natural hasta el pasado 30 de abril.

De esos 60 pozos, sólo cinco tienen una producción mayor de un millón de metros cúbicos diarios de gas no asociado, lo que indica que los restantes 55, con el esquema fiscal propuesto por Fox al Congreso, no pagarían el derecho de extracción.

En el esquema general de los contratos de servicios múltiples, de un pozo productivo se extraen más de 200 mil pies cúbicos.

Se cuestiona: ¿por qué entonces en la propuesta fiscal la producción que será exenta del pago del gravamen por derecho de extracción es de hasta un millón de metros cúbicos?

Además de ello, la producción promedio de esos 60 pozos es de unos 238 mil pies cúbicos diarios y su declinación promedio mensual de 4.7 por ciento. Ello significa que en un año tendrán una rápida disminución en su producción.

Se resalta asimismo que "un pozo con una producción, en enero de 2004, de un millón 500 mil pies cúbicos de gas diarios, para diciembre de 2005 estará produciendo 497 mil pies cúbicos diarios de ese hidrocarburo, mientras la producción para ese año será de 728 mil pies cúbicos diarios.

"Eso nos indica que un pozo similar, bajo el nuevo esquema fiscal que se propone, pagará el derecho de extracción sólo durante el primer año de su producción."

Lo anterior demuestra también que la mayoría de los pozos de la cuenca de Burgos no pagarán ese gravamen o dejarán de hacerlo durante los primeros años de su producción.

En la propuesta de Fox se asegura que la intención de esa medida es generar recursos para el fortalecimiento de la paraestatal; "sin embargo, con esa reforma los beneficios por el ahorro del gravamen serán para los operadores de la producción, ya que incrementarían la rentabilidad de los pozos, factor que es considerado en la determinación de los pagos a los contratistas, por lo que gran parte de los beneficios de no cobrar el derecho de extracción del gas no serían para Pemex".

Garza Galindo advirtió que hay otras partes de la propuesta foxista de modificación al artículo 12 igualmente preocupantes, ya que no se establecen ordenamientos para Pemex y sus subsidiarias -como se señala en la actual Ley Federal de Derechos- sino para "quienes exploten yacimientos de crudo y gas natural".

Tal redacción violenta varios artículos, entre ellos el 2 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo, en el cual se establece que "sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera".

En el artículo 257 de la iniciativa aludida se establece un impuesto que deberán pagar "quienes exploten los yacimientos" sobre los excedentes petroleros que se obtengan sobre el límite de 18.49 dólares por barril, para integrarse al fondo de estabilización de los ingresos petroleros.

La senadora consideró que ello es "absurdo y contradictorio", ya que, de acuerdo con la Constitución, "Pemex es el único autorizado para realizar la explotación de los hidrocarburos, a menos que ya se estén preparando para la privatización".

Además, preguntó, para qué gravar el excedente, si la totalidad del mismo debe incorporarse a dicho fondo de estabilización.

Hay otros artículos que hacen alusión a un contribuyente cualquiera, nacional o extranjero, sin considerar que la actividad es exclusiva de Pemex.

Por ejemplo, el artículo 258 hace referencia a que el pago anual del derecho ordinario de hidrocarburos se realizará sobre la diferencia entre el valor anual del crudo y gas natural menos las deducciones permitidas, dentro de las cuales se podrán deducir las inversiones realizadas para la explotación hasta en ciento por ciento.

"Esta deducción resultaría muy atractiva para dar ahorros a Pemex e incentivar las inversiones, pero el problema es que parece que se estuviera pensando en empresas privadas."

Al respecto, la senadora advirtió que este nuevo esquema fiscal que Fox plantea para Pemex es idéntico al diseño que las trasnacionales petroleras hicieron en Bolivia para desplazar a las empresas públicas de ese país.

Por ello, recalcó, es vital que los diputados que trabajan en el nuevo proyecto de Ley de Ingresos de 2004 se percaten de la situación y eliminen de la Ley Federal de Derechos ese capítulo 12, para que la primera quede exactamente como está.