En la edición de ayer, este diario dio a conocer la emisión de órdenes de aprehensión contra Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, ex directores de la desmantelada Dirección Federal de Seguridad (DFS) y responsables, como funcionarios de esa policía política, del secuestro y desaparición en 1975 de Jesús Piedra Ibarra, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en Monterrey. Se libró, además, orden de aprehensión contra el ex agente de la Policía Judicial de Nuevo León Juventino Romero Cisneros, presunto cómplice en ese crimen de lesa humanidad. Ayer mismo, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, confirmó la información y confió en la pronta captura de los represores, los cuales, según información conocida, han abandonado el país.

A primera vista, ese primer resultado tangible de los más de dos años de labor de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que dirige Ignacio Carrillo Prieto, puede parecer pírrico e insatisfactorio, sobre todo si las dos órdenes de aprehensión libradas se comparan con el pavoroso y exasperante cúmulo de atrocidades cometidas por el poder político en contra de opositores y disidentes durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, y en el contexto de una guerra sucia que no sólo estuvo orientada a erradicar organizaciones guerrilleras, sino también a perpetuar el régimen priísta con métodos de terrorismo de Estado.

Ciertamente, el tiempo ha hecho imposible la impartición de justicia para todos y cada uno de los delitos cometidos en el contexto de la estrategia represiva gubernamental de aquel entonces; esa constatación obliga a convivir con lacerantes parcelas de impunidad. Pero debe considerarse, también, que la determinación de llevar ante un tribunal a los dos mencionados directivos de la DFS podría acelerar, de concretarse, el esclarecimiento de la cadena de mando en el aparato represor del régimen, establecer a partir de ella la identidad de otros responsables y llegar, por esa vía, a quienes fueron, según todos los indicios, los máximos culpables vivos de aquellos crímenes de lesa humanidad, es decir, los ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo.

En lo inmediato, las imputaciones formales contra Nazar Haro y De la Barreda Moreno -hechas posibles tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció la imprescriptibilidad del delito de secuestro en tanto no aparezca la víctima del ilícito- obligan a recordar las vergonzosas semejanzas de método entre aquellos gobiernos priístas y las dictaduras militares que asolaron la porción sur del continente justamente en esos mismos años. Resulta perturbador, pero ineludible, reconocer que mientras el Estado mexicano pulía su imagen internacional dando asilo a chilenos y argentinos perseguidos, en territorio nacional la DFS perpetraba violaciones a los derechos humanos parecidas a las que cometía la DINA en Chile, y que el aparato represor policiaco-militar en Guerrero tiraba al mar a los guerrilleros que capturaba, justamente a la manera argentina de deshacerse de sus opositores en los tristemente célebres "vuelos de la muerte".

Si dan pie al pleno esclarecimiento del aparato de terror y muerte armado por el régimen mexicano de los años 70 y 80, las esperadas capturas de los hoy prófugos Nazar Haro, De la Barreda Moreno y Romero Cisneros pueden ser el inicio de la dolorosa, pero necesaria, superación por la vía de la justicia, de ese pasado negro del país. De otra manera, las órdenes de aprehensión comentadas quedarán como un suceso anecdótico y aislado, como un operativo cosmético y encubridor. La impunidad seguirá sentando sus reales y la vigencia del estado de derecho seguirá siendo una mera consigna de la publicidad gubernamental.