Plantean durante convención de la ONU que se transparenten las finanzas de ONG

La corrupción política, entre los principales flagelos que se deben combatir: especialista

GUSTAVO CASTILLO Y ROSA ELVIRA VARGAS, Y LUIS BOFFIL ENVIADOS Y CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 10 de diciembre. La Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada hasta hoy por 87 naciones en esta ciudad, es un documento que presenta "huecos" y "lagunas", en el que incluso se eliminó una cláusula acordada en Viena en 2000, que se refería al establecimiento de limitaciones al financiamiento de las campañas políticas, reveló Peter Eigen, director de Transparencia Internacional.

En entrevista con La Jornada, el doctor en leyes y ex empleado del Banco Mundial aseguró que "en el proceso de negociación en Viena hubo algunos cambios que nosotros consideramos como una laguna; por ejemplo, hubo una cláusula muy fuerte que incluía la lucha contra la corrupción política, el pago de campañas y financiamiento de partidos políticos, que fue eliminada en la última versión".

Expuso que tal vez la eliminación de ese apartado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se haya debido "un poco a que estaba pendiente un proceso en la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la cuestión de si es o no posible realizar una reforma al financiamiento de partidos políticos. Sin embargo, ayer la Corte Suprema decidió que esa modificación legal es posible, pero el gobierno estadunidense no lo sabía y esa fue una de las razones de la eliminación.

"Es una lástima, porque la corrupción política es una de las materias fundamentales en la lucha contra ese flagelo", indicó Peter Eigen.

Añadió que pese a los defectos que pudiera presentar la convención, es un instrumento "muy importante e histórico para el mundo, porque la comunidad internacional ha aceptado comprometerse de una manera seria contra la corrupción, aunque la idea era que se tuviera transparencia completa, sobre todo en materia de financiamiento político".

Al respecto, Daniel Kauffmann, director de Gobernabilidad Global del Banco Mundial, puntualizó que "no se puede luchar contra la corrupción a menos que se evite en las personas del más alto nivel gubernamental, es decir, que la corrupción política entre primeros ministros, presidentes y secretarios de gobierno desaparezca, porque esa situación es prevalente. Las personas con dinero son muchas veces las que controlan los países, porque los partidos políticos reciben donativos financieros muy fuertes, que son utilizados para controlar las políticas gubernamentales", comentó.

Eva Joly, consultora especial de Noruega, declaró que durante una investigación que realizó contra una empresa trasnacional llegó a entender "que la corrupción de alto nivel es una cosa muy normal y que esto no era un accidente, era parte de las mismas reglas, lo que significa que aparte del crimen organizado, parte del dinero que venía de actos de corrupción se metía al sistema bajo mecanismos similares".

Kauffmann reiteró, durante una conferencia de prensa, que una cifra "muy conservadora" de los capitales que se obtienen por actos de corrupción y delitos en todo el mundo alcanza registros anuales de entre 1.5 y 2 billones de dólares.

Revisión de organizaciones civiles

Durante la mesa redonda El papel de los medios y la sociedad civil en la promoción de una cultura contra la corrupción, los participantes -entre los que estuvieron Peter Rigel, presidente de Transparencia Internacional; Dileep Fair, subsecretario de Servicios de Supervisión de la ONU, y Carlos Castresana, fiscal anticorrupción de España- se puso énfasis en la necesidad de que las organizaciones no gubernamentales (ONG) hagan públicas sus finanzas, sus listas de integrantes y los organismos que financian sus actividades.

Lo anterior, debido a que integrantes de delegaciones como Venezuela manifestaron que existen instituciones de la llamada sociedad civil que tienen orígenes oscuros y se desconoce quién las financia.

A su vez, Castresana pidió prudencia con respecto al caso de las organizaciones civiles. "No todas son honestas", pero la mayoría cumple una función trascendental de condenar moralmente a los corruptos, llámense gobiernos o instituciones privadas, aclaró.

"Que se sepa cómo obtienen su financiamiento, quiénes son sus miembros, que sus reuniones sean conocidas y que sus documentos sean públicos, para que el ciudadano que conozca la información considere verídicos los informes que emiten o si obedecen a intereses inconfesables", pidió Castresana.

El funcionario español resaltó que durante las discusiones de esta mesa se llegó a poner a debate la posibilidad de que la ONU se encargue de vigilar a las ONG. Sin embargo, hubo posiciones encontradas que indicaron que la supervisión podría ser llevada por los gobiernos locales. Castresana propuso que los congresos o parlamentos sean los que realicen la labor fiscalizadora de las instancias civiles, ya que su principal financiamiento proviene de empresas o instituciones públicas, aunque -aclaró- nadie pretende restringir sus actividades.

En tanto, Peter Eigen se opuso a las propuestas y argumentó que las ONG deben supervisarse a sí mismas, porque de lo contrario se afectará su capacidad de organización. Sin embargo, dijo, "es importante que sean muy transparentes, que tengan un sistema participativo, que su cuestión financiera sea bien conocida, que sus dependencias, visión y estrategias ameriten la importancia que requieren".

El caso mexicano

El titular de la Secretaría de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, aseguró que en lo que va del sexenio del presidente Vicente Fox Quesada aproximadamente 13 mil servidores públicos han sido sancionados y la dependencia ha presentado 80 denuncias penales, de las cuales se han obtenido órdenes de aprehensión, y al menos la mitad de los expedientes ya se desahogan en los tribunales.

Al respecto, Daniel Kauffmann aseguró que México "ha mejorado en la materia, no ha creado una revolución, y eso es bueno, pero también ocupa el nivel promedio de corrupción de los países de América Latina, lo que constituye malas noticias para el país".