John Saxe-Fernández

Privatización y seguridad nacional

La política auspiciada por el Banco Mundial desde mediados de la década de 1980, encaminada a llevar "a un punto de venta" las grandes empresas del sector estratégico (Ferrocarriles, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro), se intensificó con el gobierno foxista. Dado que violan la Constitución, las medidas aplicadas debilitan la vigencia del estado de derecho, así como los fundamentos de la "seguridad nacional mexicana". Esa seguridad es dimensión básica de la soberanía y está subsumida en el texto constitucional, especialmente en todos los casos contemplados en el artículo 27: "tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que se hayan otorgado..."

Por su amplio impacto en la economía nacional y familiar, por su contribución fiscal y por ser las exportaciones petroleras fuente principal de divisas "no condicionadas", Pemex, la CFE y LFC siguen siendo epicentros de la soberanía y de la seguridad nacionales, por lo cual el persistente ataque contra esos entes (sabotaje fiscal, administrativo y técnico) vulnera de manera flagrante el estado de derecho y pone en peligro la seguridad y la estabilidad sociales.

La intención de la industria gasera y petrolera de Estados Unidos, con el impulso de la Casa Blanca y de instrumentos vitales para el ejercicio del "bilateralismo intensivo" a su servicio (el Tesoro, BM y FMI, entre otros), se ha centrado en revertir "en los hechos" la nacionalización petrolera y eléctrica tanto en la dimensión operativa como político-administrativa. Hoy el gran esfuerzo de los "empleados" domésticos de esos intereses externos se centra en ajustar la Carta Magna a la rampante inconstitucionalidad del programa de "privatización de facto" del sector energético.

Para impulsar la entrega de facto de Pemex a empresas extranjeras, el BM gira instrucciones al gobierno foxista para que, al margen de la Constitución, esa empresa "...otorgue contratos colectivos para exploración y desarrollo de cada campo petrolero, para que en los más grandes se puedan extraer mayores rentas, ya que en ellos la extracción es más barata..." Es un "mandato" de Washington que Fox, Muñoz Leos y las autoridades de Hacienda acatan inconstitucionalmente, impactando fuertemente el diseño presupuestal de la empresa.

Según explicó David Cortés, miembro de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, en una ponencia presentada en el foro La Jornada-Casa Lamm, la idea es utilizar el contratismo a ultranza para desactivar y eventualmente dejar a Pemex hecho un cascarón. Asimismo señaló que "...actualmente Pemex administra 10 mil contratos anuales" y "la actual administración pretende con los Contratos de Servicios Múltiples tener 20 o menos contratos con pocas empresas, para que éstas a su vez subcontraten, es decir, sustituyan a Pemex". Entre las áreas más sensibles en las que se realizan estos contratos están: "los estudios integrales de yacimientos, la perforación y terminación de pozos, las plataformas de producción, el procesamiento y compresión de gas, los proyectos integrales o llave en mano de exploración y explotación de crudo, como el de Chicontepec, la reconfiguración de las refinerías de Cadereyta, Tula, Salamanca, Ciudad Madero y Minatitlán".

Cuando Cortés menciona la sustitución operativa en Pemex no lo hace como figura retórica, ya que la intención de Washington es mucho más radical. Precisamente con la mira puesta en la eventual desaparición de Pemex, el BM ya propuso el establecimiento de un aparato institucional homologado al existente en Estados Unidos: se trata de un ente sometido al poder e influencia de las grandes empresas del ramo. Según el BM, el gobierno mexicano debe proceder al establecimiento de una burocracia que se encargue directamente de la administración de los mencionados contratos, mediante una (textual) "Agencia Federal (authority) de Hidrocarburos, que estaría separada de Pemex. Tal agencia se encargaría de las áreas de exploración y producción, negociaría y firmaría los contratos de exploración y producción sobre todas las áreas existentes y las que existan en el futuro, supervisaría el cumplimiento de los compromisos de inversión contraídos por Pemex, así como a la subsidiaria de exploración y producción y a las empresas privadas, y serviría como depósito de toda la información. Entes similares existen en Estados Unidos, como por ejemplo la Texas Railroad Comission".

El embajador de Estados Unidos, Tony Garza, fue integrante de esa comisión, que, como ya lo hemos indicado desde estas páginas, no tiene nada que ver con los "ferrocarriles", ya que es una suerte de OPEP, un organismo "regulador" de la industria petrolera subordinado a las empresas.

Estamos en presencia de una inadmisible intervención extranjera y violación constitucional en curso que ameritan el enérgico rechazo de la población y la acción que corresponda, según la Carta Magna, a los poderes Legislativo y Judicial.

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