Demandan que se hagan a un lado los criterios políticos

Radios comunitarias piden se les entreguen ya permisos

CAROLINA GOMEZ MENA

Representantes de radios comunitarias entregaron ayer a autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuatro expedientes de igual número de emisoras, con la finalidad de que les sea otorgado el reconocimiento legal por el cual algunas de ellas han esperado más de tres décadas, debido a que para otorgar los permisos a este tipo de radiodifusoras "en ocasiones pareciera que han pesado más los criterios políticos que los de la legalidad".

Luego de entregar la citada documentación, Aleida Calleja Gutiérrez, representante de México en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), destacó que también se busca que "la autoridad defina ya los criterios para que cesen los hostigamientos.

"Es necesario establecer lineamientos equitativos para que los grupos comunitarios puedan tener sus permisos, porque aplicarnos los mismos criterios que a una institución de Estado o un concesionario que puede comercializar es poco viable".

Calleja indicó que hasta el momento la SCT no ha dado respuesta a la Voladora Radio (emisora que el gobierno intentó cerrar el pasado 10 de septiembre), la cual entregó su expediente el 20 de octubre, ni a Radio Huayacocotla (que por más de 30 años ha esperado por el permiso correspondiente), la cual dio sus documentos el 11 de noviembre.

Recordó que desde marzo pasado comenzó la interlocución de la Amarc y organizaciones de derechos humanos con la Secretaría de Gobernación (SG), pero hasta ahora la SCT "se ha negado a abrir las posibilidades para que las emisoras comunitarias obtengan reconocimiento, imponiendo requisitos que rebasan inclusive la propia Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) vigente. Por ejemplo: determinar que las radios cuenten con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que sobrepasa la normatividad establecida en la materia y establece un marco discriminatorio y discrecional".

Comentó que dicha petición, hecha por "Jorge Alvarez Hoth, subsecretario de Comunicaciones, sobrepasa a todas luces las competencias tanto de él como autoridad, como los marcos de legalidad, y deja ver que es un criterio más político que legal".

Asimismo sostuvo que "involucrar al Ejército en cuestiones de libertad de expresión no es un buen signo para el proceso democrático del país", e insistió en que se debe "volver al cauce de la legalidad poniendo reglas claras para las emisoras".

Indicó que por el momento no se llevarán a la SCT más expedientes hasta tener respuesta de los ya entregados y agregó que es incomprensible que a pesar de que en agosto pasado el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno a encontrar vías de solución para las radios comunitarias, y que en el diagnóstico entregado al gobierno el lunes pasado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se recomienda establecer criterios equitativos para que las radios comunitarias accedan a las frecuencias y así puedan cumplir su función social, la administración foxista no da señales de haber tomado en cuenta dichas sugerencias.

Planteó que no se entiende realmente cuál es la preocupación real de la autoridad para impedir el otorgamiento de los permisos. Calleja mencionó que entre las suposiciones que se manejan es que algunas de las emisoras podrían estar promoviendo la insurrección o bien que hay nexos con narcotraficantes, "pero les decimos que vayan y certifiquen quiénes somos, cómo trabajamos, que nos monitoreen, para que de una vez entiendan que la radiodifusión comunitaria es un asunto de libertad de expresión, no de fierros y centavos".