El día 15 comenzará el juicio en la Corte Internacional de Justicia

La vida de 54 mexicanos condenados a muerte en EU se decidirá en La Haya

GEORGINA SALDIERNA, ANDREA BECERRIL Y CAROLINA GOMEZ

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el equipo legal que representará al país en las audiencias por la demanda que presentó México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de Estados Unidos por violaciones cometidas en perjuicio de nacionales sentenciados a muerte en aquella nación se encuentra ya en la sede del tribunal, en La Haya. Mientras, la senadora priísta Silvia Hernández criticó que la cancillería haya decidido separar de la representación de México ante los Países Bajos al embajador Santiago Oñate Laborde, justamente en un momento clave.

La SRE detalló que el grupo está formado por abogados especialistas no sólo mexicanos, sino también estadunidenses, franceses, alemanes, australianos e iraníes, y citó que ésta es la primera vez que una demanda interpuesta por México se discutirá ante el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, y la expectativa es que el juicio se gane, pues la argumentación será lo bastante contundente para ello.

El equipo mexicano está encabezado por los agentes de México ante la CIJ, Juan Manuel Gómez Robledo, consultor jurídico de la cancillería, y Santiago Oñate Laborde, quien "funge y seguirá fungiendo como agente en este caso", aseguró la cancillería.

De acuerdo con informes de la SRE, Oñate Laborde "no será removido como agente del equipo, pero sí dejará su cargo como embajador en los Países Bajos, pues concluyó su periodo"; se espera que sea sustituido por Sandra Fuentes Berain, previa ratificación del Senado.

También participan en el equipo presente en La Haya María del Refugio González, jefa de la Unidad de Coordinación Jurídica, y académicos como Carlos Bernal, presidente de la Comisión de Derecho Internacional de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.

En el Senado, Hernández recordó que a principios de año la administración foxista inició en la CIJ un juicio en contra del vecino país del norte por haber violado la Convención de Viena sobre relaciones consulares, la cual permite a cualquier persona la asesoría del consulado de su país en caso de ser detenido. Como responsable de la embajada mexicana en los Países Bajos, Oñate Laborde llevó el caso y estableció conexión personal con todos los involucrados en el proceso en busca de ganarlo.

De acuerdo con información de la SRE son 54 los mexicanos sentenciados a la pena capital en Estados Unidos, y dado que al momento de presentar la demanda el gobierno de México incluyó también una solicitud de medidas provisionales a la Corte, el vecino país deberá tomar las acciones necesarias para evitar que alguno de los sentenciados sea ejecutado en tanto se resuelve el fondo del asunto.

Durante las audiencias, las partes en litigio tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos orales en apoyo a sus pretensiones jurídicas y las audiencias, que se llevarán a cabo desde el 15 al 19 de diciembre, serán abiertas al público.

La senadora comentó que la argumentación mexicana será clave en esta fase del juicio, por lo que el conocimiento de la ley y de los actores del proceso en todos los niveles puede ser de máxima utilidad.

Sin embargo, por razones propias de la cancillería, La Haya no tendrá embajador en unos días, pues el responsable, Santiago Oñate, fue notificado de que su comisión diplomática finalizaba a partir del primero de diciembre, es decir, a unos días de que tuviera que presentarse en su calidad de agente del gobierno mexicano acreditado ante el caso.

La legisladora priísta resaltó que del futuro del juicio dependerá la vida de los 54 mexicanos que se encuentran en Estados Unidos en el llamado corredor de la muerte. Lamentó, sin embargo, que en todo el proceso judicial el equipo defensor de México cuente con escasos recursos y ello haya obligado a incluir voluntarios de otros países.

Debido a la determinación de separar al embajador Oñate de su cargo, dijo que en el Senado se presentará un punto de acuerdo para integrar una comisión legislativa plural de observadores, para ser testigo de primera mano en las sesiones de desahogo verbal de pruebas.