La crisis por la que atraviesa el Partido Revolucionario Institucional ha tenido en los últimos días un incremento en su alcance y sus implicaciones, tanto para el propio tricolor como para el país en su conjunto. A juzgar por las declaraciones y acciones recientes de diversos actores políticos, la disputa ya no se concentra sólo en la definición de quién asume o debe asumir la coordinación de la fracción priísta en la Cámara de Diputados. Ahora ese diferendo presenta ramificaciones que cuestionan la posición del propio Roberto Madrazo como presidente nacional de ese partido y enrarecen su relación con numerosos gobernadores priístas. Además, tal lucha de clanes ha inducido una ruptura en el sindicalismo corporativo históricamente vinculado al tricolor (la fractura de la FSTSE, acicateada por los leales de Elba Esther Gordillo, lo ejemplifica). Pero, lo más grave, al enredo priísta se ha sumado ahora el propio Presidente de la República, Vicente Fox, quien no oculta su inclinación por una de las partes del conflicto. Entre tanto, la estabilidad del país y la tramitación de iniciativas legislativas cruciales, como son la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2004, permanecen en calidad de rehenes de las riñas intestinas del priísmo.

En este panorama, el presidente Fox ha tomado un espinoso camino y se ha comportado como una pieza más del descompuesto ajedrez priísta, apartándose de la moderación y la serenidad que corresponde asumir al Ejecutivo federal en esta clase de acontecimientos. Con ello no sólo ahonda las tensiones en ese instituto político -desde donde se han alzado voces que exigen que saque las manos del PRI- sino que induce nuevos factores de desconfianza a escala nacional, además de reforzar los argumentos de aquellos que señalan que su cercanía con Gordillo -y el mutuo aprovechamiento político que ambos habrían pretendido realizar de tal vinculación- se encuentra en el origen de la presente crisis del priísmo. Así, cabe reiterar que la investidura presidencial, sobre todo en un gobierno democrático, debe mantenerse apartada de las disputas sectarias y de las ambiciones particulares a fin de no convertirse en catalizador de conflictos partidarios ni ser fuente de confusión o incertidumbre entre la ciudadanía.

En el PRI se experimenta una lucha por el poder en toda la línea, y en tal disputa comienza a cuestionarse la pertinencia del liderazgo de prácticamente toda su dirigencia. La desarticulación que se advierte en ese partido es, así, preocupante, pero no lo es tanto por las reconfiguraciones en sus cuotas internas sino porque, como se ha podido constatar en las semanas recientes, tal pelea ha comenzado a ser un factor de desestabilización a escala nacional.

Ciertamente, corresponde a los priístas decidir de qué lado de la balanza recaerá la conducción política de su partido, pero resulta censurable que los pleitos, ambiciones, mezquindades, revanchas y afanes de hegemonía personal o sectaria dentro del tricolor enturbien el panorama general del país.

De igual forma, corresponde al presidente Fox honrar su investidura como mandatario y abstenerse de participar, así sea de modos indirectos o tangenciales, en las disputas de cualquier partido. De lo contrario, el Ejecutivo federal estaría enviando a la ciudadanía señales inquietantes en el sentido de que, nuevamente, la Presidencia de la República pretende erigirse en factor clave de las decisiones y la dinámica priístas, indeseable posibilidad que trae tras de sí el fantasma del partido de Estado y que no le haría bien ni a Fox ni al PRI ni, mucho menos, a la democracia, a la estabilidad y a la gobernabilidad de México.