La comisionada para los crímenes en esa ciudad no descarta formar una fiscalía especial

Firme apoyo de Guadalupe Morfín para crear comisión de la verdad en caso Juárez

Se elabora un diagnóstico para afinar los programas nacionales de seguridad pública

JENARO VILLAMIL

El trabajo de una comisión de la verdad que "documente lo que ha sucedido, analice las causas profundas de la violencia en Ciudad Juárez, entregue insumos valiosos al trabajo de los fiscales e impulse la verdad procesal" es uno de los objetivos centrales de la comisionada nacional para los crímenes contra mujeres en esa ciudad fronteriza, subrayó Guadalupe Morfín, quien también se mostró en favor de crear una fiscalía especial que atraiga todos los casos, tal como propuso recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Entrevistada en vísperas de realizar un nuevo viaje a Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín subrayó que "es indudable, que si se aterriza o no en una fiscalía especial, debe haber más involucramiento del gobierno federal en las investigaciones".

Para la ex ombudsman de Jalisco, en la historia de diez años de feminicidios en la ciudad fronteriza "no puede haber reparación del daño si persiste la impunidad, si se ocultan los nombres de los responsables, si se dejan de fincarles proceso, si nos conformamos con una política de resultados que arroja muchas sombras, sospechas de que han sido declaraciones autoinculpatorias obtenidas por métodos ilegítimos y no ha habido ningún otro elemento de convicción probatorio, objetivo, racional".

Cuidadosa en sus palabras, Morfín también coincide en que una de las hipótesis relacionadas con el feminicidio es la del crimen organizado, y por eso se debe apuntar a "las cabezas". "En la estructura del crimen organizado quienes conocen la cárcel son los eslabones más débiles de la cadena delictiva y la mata retoña cuando no caen las cabezas de estos grupos. Esto sucede lo mismo en la industria del secuestro, del narcotráfico, que en todas las vertientes y modalidades del crimen organizado", apuntó.

Al inicio de la entrevista, Morfín anuncia que la estructura formal de la comisión que encabeza estará lista en la primera semana de febrero de 2004, pero aún no está definido el presupuesto. Cuenta con una plantilla de 12 personas, cuyo trabajo ahora es elaborar un diagnóstico con los datos más importantes que arrojen otros informes preliminares, tanto de organismos de derechos humanos internacionales como nacionales.

"A partir de ese diagnóstico se hará una afinación del programa federal de los 40 puntos que incluye el Programa Integral de Seguridad Pública, que son una serie de acciones del gobierno federal para trabajar en la línea de procuración de justicia y en la de prevención", sintetizó.

Morfín precisó que el objetivo es "propiciar una presencia del gobierno federal de calidad con base en una correcta determinación de la situación de las mujeres en Ciudad Juárez". Las tres líneas específicas sobre las que trabajarán serán:

-Un área de verdad y justicia que "acompañe los trabajos de la Procuraduría General de la República para que se cumplan las recomendaciones de los organismos internacionales". Lograr lo mismo "por la vía de la colaboración" con la procuraduría local.

-Una agenda de reconciliación aplicada a la promoción de los derechos de las mujeres, atención a víctimas, aterrizaje de fórmulas distintas de reparación del daño. Morfín sostuvo que "no hay mejor reparación del daño que dar a conocer a los responsables y liberar a los inocentes" y que "no puede haber reparación del daño cuando hay impunidad". En este sentido, califica como "realmente preocupante" la cifra de la CNDH sobre más de 100 procesados y consignados que reportan tortura. "Parece una práctica sistemática de agentes del Ministerio Público y de los jueces no dar continuidad a estas denuncias que deben ser investigadas de oficio, sin cortapisas", anotó.

Esta área también se encargará de promover activamente los derechos humanos de las trabajadoras en la industria maquiladora. "Significa que esta industria cuide su capital social, que son sus empleadas, que las más de las veces son jefas de familia, con hijos pequeños".

-La tercera área incluye el trabajo de promoción de un desarrollo urbano equilibrado para que haya infraestructura y equipamiento en las áreas más depauperadas de Ciudad Juárez, como las colonias del poniente (Anapra, Lomas de Poleo, etcétera). En este sentido, destacó que según datos recientes del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, dirigido por Luis Felipe Siqueiros, existe "un nivel alarmante" de población juvenil e infantil que no acude a la escuela por falta de acceso a las mismas. Morfín informó que se trabajará con redes de la sociedad civil juarense, como la Fundación del Empresariado Chihuahuense, los albergues para mujeres maltratadas, centros de crisis como Casa Amiga, dirigida por Esther Chávez Cano, organizaciones que trabajan con personas que viven con VIH-sida, etcétera.

-Todas estas labores dan una idea de una superestructura por encima de los tres niveles de gobierno ¿Es esa la idea de la comisión?

-Por supuesto que no. Son trabajos de coordinación y de enlace que para operar bien necesitan contar con la voluntad política de todas las estructuras de gobierno. No es nada que se les imponga. Es algo a lo que se les llama para que acudan con legitimidad democrática para cubrir la enorme agenda pendiente en Ciudad Juárez.

¿Fiscalía o comisión de la verdad?

-Existe una polémica respecto a la necesidad de crear dos figuras jurídicas que afronten el problema de Ciudad Juárez: una fiscalía y una comisión de la verdad, pues se dice que dichas instancias son incompatibles.

-El trabajo de una comisión de la verdad es el que queremos hacer en la segunda área de trabajo: documentar lo que ha sucedido, analizar las causas profundas y poder entregar insumos valiosos al trabajo de los fiscales, además de funcionar, en términos acotados, proporcionados, como una comisión de la verdad que acumule testimonios y trabaje sobre lo que sucedió históricamente, aunque también impulse la verdad procesal.

-¿Podría pensarse en algún momento en que una figura de este tipo llamara a cuentas al propio Poder Judicial federal?

-Para que esto suceda tendría que haber la atracción de la PGR. Hay una averiguación previa de 14 casos que atrajeron y anunciaron que realizan investigaciones sobre otros 11 casos y eso abre la posibilidad de que intervenga directamente toda la estructura de poder federal.

"Es indudable que, si se concreta o no una fiscalía especial, debe haber más involucramiento del gobierno federal en las investigaciones, así sea en términos de asistencia pericial, profundización de las líneas de investigación que no se hayan cubierto o para enmendar los procesos de los primeros años que han sido muy poco investigados".

-¿No está cerrada a la idea de una fiscalía especial?

-No. La idea merece respeto, debe estudiarse aunque no necesariamente tenga que derivar en ello la participación cada vez más intensa de la PGR en estos asuntos.

-¿Y si la comisión se transforma en una fiscalía especial?

-Si eso sucediera se tendría que concentrar exclusivamente a los aspectos de tipo procesal penal. Eso no me corresponde a mí decidirlo. Creo que son otros quienes deben decidir. Sobre todo, hay que esperar si hacia esto apunta el trabajo de la comisión de expertos de Naciones Unidas que tuvo a la mano todos los expedientes.

-Ha crecido la impresión de que no se trata de crímenes aislados, ni siquiera de algo que sea exclusivo de Ciudad Juárez, sino que hay un modus operandi, una organización. ¿Cuál es su posición frente a estas hipótesis?

-Preferiría conocer más. Sé que hay hipótesis de que son asuntos que tienen que ver con delincuencia organizada. Es una de las líneas que se investiga por parte de la fiscalía mixta, encabezada por Rolando Alvarado, aunque tampoco se niega la presencia de dos o más asesinos seriales, ni tampoco la actuación de bandas violentas ni la vertiente de ejecución en el contexto de narcotráfico. Esto nos invita a reflexionar si se han agotado líneas de investigación en los homicidios que procuren el desmantelamiento de grupos de asociación delictuosa.