El PRI acusa a la oposición de intentar capitalizar difamaciones con fines electorales

Rechaza el Congreso de Colima pedir remoción de 2 funcionarios

Buscan acuerdo para que tribunales acorten tiempos de calificación en casos de impugnaciones

VERONICA GONZALEZ Y VICTOR BALLINAS CORRESPONSAL Y ENVIADO

Colima, Col., 5 de diciembre. A 48 horas de los comicios extraordinarios para gobernador, y quizá en busca de un efecto mediático, las bancadas de PAN y PRD presentaron un punto de acuerdo para solicitar al mandatario interino, Carlos Flores Dueñas, la separación inmediata de Jesús Antonio Sam López y Fernando Díaz Cendejas, procurador de Justicia y director de Seguridad Pública, respectivamente. Legisladores de ambos partidos se basaron en un desplegado publicado en días anteriores en un periódico de la ciudad de México que implica a ambos funcionarios, al igual que al ex gobernador Fernando Moreno Peña, en presunta protección a narcotraficantes.

Sin embargo, la mayoría priísta del Congreso rechazó el punto de acuerdo y argumentó que lo publicado "es un libelo que ha sido capitalizado por la oposición con tintes electorales. Saben que se trata de una difamación, y sin embargo permitieron que en sus actividades proselitistas simpatizantes panistas y perredistas distribuyeran esos panfletos", refirió.

En la sesión, los legisladores del tricolor tacharon de "mentirosos" a los diputados de PAN y PRD, ya que en tribuna sostuvieron que no estaban de acuerdo en acusar a funcionarios con base en libelos; sin embargo, presentaron un punto de acuerdo, con la pretensión que lo aprobara el Congreso, solicitando al gobernador interino la separación inmediata de los funcionarios mencionados.

En la sesión del miércoles anterior, la diputada priísta, Hilda Ceballos Llerenas, salió en defensa de su esposo, el ex gobernador Fernando Moreno Peña. Ahí distribuyó fotocopias a los legisladores en las que se da cuenta de que, en efecto, en 1998 el director de Seguridad Pública y el procurador de Justicia entregaron al Ministerio Público Federal (MPF) a ocho detenidos, entre ellos a uno de nombre Ramón Ignacio Arellano.

En el desplegado se acusa a Moreno Peña y a los dos funcionarios citados de suplantar a Ramón Arellano, integrante del cártel de los Arellano Félix, a cambio de 2 millones de dólares. Sin embargo, los diputados priístas negaron las versiones. Para dar veracidad a su testimonio, entregaron copias fotostáticas en las que consta que la Procuraduría General de Justicia del estado remitió al MPF a los ocho detenidos, incluyendo a Ramón Ignacio Arellano. En los documentos, que obran de poder de La Jornada, se aprecia que en la consignación de la PGR se le cambió el apellido a Ramón, de Arellano a Arellanes.

Al respecto, el 29 de noviembre anterior el ex gobernador Moreno Peña dijo en conferencia de prensa que las autoridades estatales "entregaron a ocho personas a la PGR, entre ellos a Ramón Arellano", pero dijo desconocer si se trataba del narcotraficante que fue asesinado años después por la policía en Tijuana.

Moreno Peña manifestó que "en caso de que se hubiera suplantado a Ramón Arellano, habría que preguntarle a la PGR dónde están esos tipos, porque nosotros cumplimos con entregarlos, y no los procesamos puesto que se les acusaba de delitos del orden federal". Los ataques hacia mi persona y hacia el candidato de la alianza PRI, PT y PVEM Gustavo Vázquez Montes, los entiendo, porque es una cuestión electoral, añadió.

En la sesión del Congreso de este viernes, los diputados de PRI, PAN y PRD se acusaron mutuamente de propiciar una "guerra de lodo" con tintes político-electorales, con lo que denigran la imagen del Poder Legislativo, pues han dado mayor importancia a la discusión sobre libelos, que a tratar de generar un ambiente de confianza para que los ciudadanos voten el domingo próximo.

Por otro lado, Silverio Cavazos, presidente de la mesa directiva del Congreso, aseguró que sí habrá acuerdo en la iniciativa que impulsa, con el objetivo de acortar el periodo del que eventualmente dispondrá el Tribunal Estatal Electoral en la calificación de los comicios, para dar tiempo suficiente en caso de que intervenga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la resolución de impugnaciones.