El juzgado 38 otorgó la orden respectiva para rastrear propiedades de la empresa

Catea fiscalía el edificio de PubliXIII

Los bienes podrían ser utilizados para reparar el daño a los afectados

SUSANA GONZALEZ, GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS

Luego de dos días de que el edificio de la empresa PubliXIII permaneció bajo resguardo del Ministerio Público y la Policía Judicial capitalina, el juzgado 38 penal otorgó a la Fiscalía para Delitos Financieros de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la orden de cateo del inmueble, por lo que ayer mismo se inició la revisión de archivos y documentos de la compañía, para rastrear las propiedades acreditadas a su nombre, que puedan ser utilizadas para la reparación del daño a los clientes afectados.

El subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, Renato Sales, calculó que el monto de la afectación a los consumidores asciende a 80 millones de pesos, pero aclaró que debe hacerse un avalúo de los bienes de PubliXIII para que después queden a disposición del juez que atiende el caso. Además deben acudir a declarar José Luis González González, uno de los principales accionistas de la empresa, y sus apoderados legales, Christopher Leyva Cortés y Alan Nelson Lozada Garay, a quienes se les giraron órdenes de presentación el lunes pasado.

En tanto, ya suman 365 las denuncias presentadas ante la PGJDF, que involucran a 4 mil 200 personas, e inclusive cinco agencias automotrices también iniciaron querellas contra dicha firma. El fiscal para Delitos Financieros, Jorge Camacho López, señaló que si no acuden a declarar los representantes de PubliXIII pueden solicitarse órdenes de aprehensión en su contra. Aclaró que no se confiscarán los vehículos que PubliXIII entregó a sus clientes, sino sólo aquellos que aún tiene en su poder, como 17 Atos que se encuentran en un corralón de la Secretaría de Seguridad Pública.

Mientras tanto, afectados anunciaron que el 15 de diciembre realizarán movilizaciones simultáneas en el DF y otras ciudades, en demanda de que el gobierno federal intervenga para que "se nos pague". En conferencia de prensa, los inconformes puntualizaron que pedirán al procurador Bernardo Bátiz el arraigo de González González "para que no se vaya del país".

A su vez, el diputado Alfredo Hernández Raigosa, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, dijo que solicitará a la Procuraduría General de la República y a la PGJDF el aseguramiento de predios que tiene PubliXIII en diversas entidades, para garantizar el pago a los afectados.