Adeudan $2 millones, pues no han pagado el predio

Promueven en Tamaulipas embargo contra dos dependencias federales

MARTIN SANCHEZ Y CRISTOBAL GARCIA CORRESPONSALES

El ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, promovió un embargo precautorio contra las representaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin) porque no han pagado el predial de los edificios que ocupan; en conjunto adeudan más de 2 millones de pesos.

El alcalde de Ciudad Victoria, Eugenio Hernández Flores, y los regidores aprobaron dictámenes de la secretaría del ayuntamiento para que el gobierno municipal esté en condiciones de llevar a cabo el procedimiento de ejecución y embargo de los bienes propiedad de las dependencias federales.

El edil Hernández Flores sostuvo que SAT y Cabin nunca han pagado el predial. "Es una mala costumbre, buena para el gobierno federal pero mala para todos los municipios de México; se les ha dado el tiempo necesario. De hecho algunas dependencias, ya han pagado por lo que este acto es de equidad."

Informó que en la última reunión de alcaldes, efectuada en Morelia, Michoacán, sus homólogos acordaron cobrar a las dependencias federales, "pues es una obligación de la Federación pagar el impuesto predial".

Por otro lado, aproximadamente un millón de pesos fueron intervenidos de las cuentas de banco del Consejo Estatal Electoral (CEE) de Sonora para cubrir el pago de indemnizaciones ordenadas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en beneficio de dos trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada del organismo electoral.

Luis Alfonso Salcido Domínguez y Ana Lilián Batriz Chiu, ex subdirectores de Operación y Capacitación del CEE, promovieron un juicio laboral que culminó con la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, bajo el expediente 1718/2002, en la que se obliga al organismo electoral a pagar una indemnización conjunta por 914 mil 905 pesos, que fueron descontados de la cuenta 044810699 de Bancomer, a nombre del CEE sonorense.

Al respecto, Olga Armida Grijalva Otero, consejera presidencial del CEE, dijo desconocer la resolución, y sostuvo que siempre ha actuado apegada al estado de derecho.