El Senado español aprobó una reforma que convierte en delito la convocatoria

Será ilegal el referéndum para aprobar el plan Ibarretxe en el País Vasco

Declaran por más de 12 horas parlamentarios del grupo Sozialistak Abertzaleak

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 3 de diciembre. La Comisión de Justicia del Senado español aprobó hoy gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) y con la oposición del resto de los partidos, una reforma al Código Penal que convierte en delito el referéndum que el gobierno vasco propone celebrar para aprobar el plan Ibarretxe de soberanía para esa región.

El gobierno del presidente español, José María Aznar, aprobó el viernes pasado promover la reforma para frenar dicho plan, que prevé convertir al País Vasco en una comunidad libre asociada con poderes propios e Estado independiente.

Según la medida, la convocatoria de elecciones o referéndum será un delito castigado con entre tres y cinco años de prisión. El Senado aprobará definitivamente la reforma el próximo 18 de diciembre.

Por otro lado, el presidente, el vicepresidente y la secretaria del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, respectivamente, comparecieron ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el proceso judicial abierto en su contra por el supuesto delito de "desobediencia" ante su negativa a disolver el grupo Sozialistak Abertzaleak (SA), formación heredera de la proscrita coalición de la izquierda separatista, Batasuna.

Los diputados fueron recibidos a las puertas del juzgado por cientos de simpatizantes que aplaudieron y entonaron el himno al soldado vasco, antes de declarar durante más de 12 horas.

El Tribunal Supremo español acusa de "desobediencia" a los parlamentarios, lo que les podría suponer una pena de inhabilitación de cargo público de hasta dos años por no acatar la orden judicial de suspender SA y retirarle las subvenciones públicas.

Atutxa, del Partido Nacionalista Vasco (PNV); Knorr, de Eusko Alkartasuna, y Bilbao, de Izquierda Unida-Esker Batua (IU-EB), aseguraron que la orden del tribunal invadía la soberanía y las competencias del Congreso local.

Los tres miembros de la mesa llamados a declarar manifestaron estar "tranquilos", ya que "la mayoría de este pueblo nos apoya, además tenemos la conciencia tranquila", señaló Atutxa antes de su declaración.

Los diputados estuvieron respaldados por los principales dirigentes de sus respectivos partidos, entre ellos el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, quien declaró que este episodio "será uno más en nuestra historia que nos ayudará a seguir adelante luchando por la libertad y en contra de la opresión".

El líder nacionalista añadió que en caso de que el proceso derive en una condena a los parlamentarios "significaría un acto de opresión incalculable, por lo que sería una gloria para nosotros".

El vocero del PNV, Joseba Egibar, añadió que su grupo va a defender "la dignidad de la Cámara ante la invasión de sus competencias, pues este país no va a dar ni un paso atrás".

El secretario del partido nacionalista moderado Euskal Akartasuna, Rafa Larreina, señaló que si se procesó a estos diputados por "apoyar la democracia" y si "los parlamentos no son libres para decidir, entonces no se está ante un sistema democrático", lo que sería un signo de que estamos inmersos en "un proceso de involución". El diputado de Izquierda Unida, Antton Karrera, añadió que este proceso es la constatación de que desde Madrid se pretende "anular la separación de poderes".