México D.F. Jueves 4 de diciembre de 2003
Cien activistas contra el ALCA resultaron lesionados
Sindicalistas piden investigar abusos de la policía de Miami
REUTERS
Miami, 3 de diciembre. La mayor federación sindical de Estados Unidos solicitó el miércoles al procurador general que investigue presuntos abusos cometidos por la policía durante las protestas contra la reunión de ministros que negociaron el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en noviembre.
El presidente de la federación sindical AFL-CIO, John Sweeney, dijo en una carta al procurador general John Ashcroft que la policía regresó autobuses que transportaban jubilados que iban a participar en las protestas, lanzó gas pimienta contra manifestantes pacíficos y disparó balas de goma contra algunos.
Sweeney opinó que el uso de 8.5 millones de dólares en fondos federales para pagar parte de los costos de la operación de seguridad del ALCA justificaba una investigación federal a la policía de Miami, ya que el dinero formaba parte de un paquete de 87 mil 500 millones de dólares destinado a la reconstrucción de Irak.
''Este abuso a manos de la policía de Miami es un insulto al movimiento sindical y a todos los estadunidenses que creen en los derechos básicos garantizados por nuestra Constitución", señaló Sweeney en su misiva.
''Desde los días de las manifestaciones por los derechos civiles no había presenciado una conducta tan inexcusable por la policía que juró protegernos'', agregó.
La cumbre del ALCA, que se celebró en Miami del 17 al 21 de noviembre, reunió a ministros de 34 países del hemisferio que alcanzaron un acuerdo para forjar un área de libre comercio menos ambiciosa de lo previsto cuando Estados Unidos lanzó la idea en 1994.
Más de 200 personas fueron arrestadas por la policía de Miami y activistas informaron que al menos 100 necesitaron atención médica.
Amnistía Internacional también solicitó que se lleve a cabo una investigación, alegando que al parecer el uso de la fuerza fue desproporcionado.
Activistas sindicales consideran además presentar demandas por presuntas violaciones de los derechos humanos y arrestos ilegales.
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