Decenas de miles de ciudadanos de todos los sectores, de diversos partidos, clases sociales y lugares de origen, desafiaron la imprevista lluvia de ayer y la no menos torrencial propaganda del gobierno de los meses recientes para expresar, en el Zócalo capitalino, su rechazo terminante a las intenciones oficiales de entregar la industria eléctrica a la inversión privada nacional y extranjera y a las ideas del gabinete económico de exprimir fiscalmente -para provecho de banqueros y especuladores- a los segmentos más necesitados de la población.

La marcha multitudinaria, que afortunadamente se realizó en un espíritu de civilidad, sin incidentes de consideración y sin violencia, y en la que confluyeron figuras políticas relevantes, sindicalistas, campesinos, burócratas, estudiantes, comuneros, deudores, policías, bomberos, informadores y trabajadores de la cultura, entre otros, fue una expresión madura, sensata y articulada de una sociedad harta de la política económica imperante desde hace cuatro sexenios -el presente incluido-, por medio de la cual las elites tecnocráticas han ido entregando las propiedades de la nación a especuladores y logreros. Ahora, cuando los únicos bienes públicos de relevancia han quedado reducidos a las industrias petrolera y eléctrica, y ante la evidencia de que la cascada de privatizaciones iniciada durante el gobierno de Miguel de la Madrid no se ha traducido en una mejora económica sostenida, en una reducción de la desigualdad y ni siquiera, salvo excepciones, en una mayor eficiencia de las empresas y entidades privatizadas, esa sociedad no está dispuesta a asistir al desmembramiento y el remate del sector energético, cuya propiedad pública es un factor evidente de estabilidad, de soberanía y de viabilidad nacional.

Si los afanes privatizadores e impositivos del gobierno foxista provienen de los dogmas neoliberales del gabinete económico, la marcha de ayer representa una oportunidad de abrir los ojos y el espíritu y entender que hay caminos distintos a la privatización -parcial o total- para desarrollar las industrias petrolera y eléctrica, y que una noción elemental de justicia social recomienda gravar los ingresos de los más ricos y no el consumo de los más pobres.

Si tales empeños son la consecuencia de cierta pusilanimidad ante los imperativos de los organismos financieros internacionales y del gobierno de Estados Unidos, el Ejecutivo federal tiene, en la manifestación multitudinaria de este jueves, un argumento central para resistir tales exigencias, toda vez que la pretensión de satisfacerlas a rajatabla podría traducirse, esa sí, en escenarios de ingobernabilidad y explosividad social semejantes a los padecidos recientemente en Argentina y Bolivia.