Gobernación analiza qué casos se beneficiarán con reformas aprobadas por el Congreso

Serán preliberados 3 mil reos en el país

Hoy saldrá en Los Mochis un grupo de 150 presos que ya cumplió 75% de su condena

ALONSO URRURIA

Hoy serán excarcelados en Los Mochis, Sinaloa, 150 presos que purgaban penas por delitos contra la salud y que serán beneficiados con las reformas judiciales aprobadas por el Congreso de la Unión, las cuales permiten desde junio pasado que este tipo de reos obtenga la preliberación cuando haya cumplido 75 por ciento de la condena.

El jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, anunció que este será apenas el principio de un conjunto de excarcelaciones con base en los nuevos criterios en todas las entidades del país. De acuerdo con la revisión de expedientes que se ha hecho a partir de la aprobación de las reformas, se calcula que serán 3 mil los reos beneficiados.

Entrevistado durante la reunión que sostuvo el secretario de Gobernación, Santiago Creel, con la asociación de escritores Pen Internacional, Sepúlveda explicó que el objetivo de las reformas legales es beneficiar principalmente a indígenas y campesinos que vivan en comunidades aisladas, cuyas condiciones de pobreza los obligan a incorporarse al transporte de estupefacientes.

Sepúlveda señaló que para tal efecto, una vez que entró en vigor la reforma la Secretaría de Gobernación comenzó, conjuntamente con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, que encabeza Xóchitl Gálvez, la revisión de los expedientes de las personas que purgaban condenas por delitos contra la salud y que cumplan los requisitos establecidos por la ley. Es decir, que sean primodelincuentes y que hayan sido sentenciados por transporte de droga.

El funcionario manifestó que la mayor parte de los delincuentes que se encuentra en estas condiciones purga condenas en estados del norte del país, principalmente Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y Durango.

A la excarcelación de hoy asistirán funcionarios de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, así como legisladores y representantes del gobierno sinaloense.