Martha Altolaguirre condena la misoginia

La mayoría de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez "reflejan una conducta perversa, con rasgos misóginos que indican la complejidad y urgencia de buscar soluciones integrales que atiendan el fenómeno en esa ciudad fronteriza", pues resulta preocupante el persistente clima de temor e inseguridad, así como el hecho de que los crímenes y agresiones no terminan en esa localidad, más bien se extienden a otros países como Guatemala, aseguró Marta Altolaguirre Larraondo, ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Es evidente, afirmó, que una situación que se ha prolongado por diez años "no puede resolverse de inmediato, pero también es obvia la obligación del Estado de adoptar medidas encaminadas a poner fin a este fenómeno a la brevedad posible".

Agregó que hasta el momento sólo se ha dado respuesta parcial a las recomendaciones emitidas por la CIDH en la materia, por lo que consideró que el gobierno federal "deberá priorizar las acciones destinadas a desvirtuar o confirmar las hipótesis relativas a situar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez en el contexto del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de órganos o las redes de prostitución que puedan estar produciendo este fenómeno".

La ex presidenta de la CIDH planteó que los diversos diagnósticos e informes realizados sobre el feminicidio en Ciudad Juárez coinciden en que "han existido muchas deficiencias en las investigaciones y que éstas repercuten en la imposibilidad de procesar a los responsables, lo que conlleva impunidad, y el mensaje que se envía a la ciudadanía es que se puede actuar criminalmente en contra de un grupo de la sociedad porque no hay respuesta del Estado".

Entrevistada luego de su participación en un seminario sobre litigio internacional en materia de derechos humanos, organizado por la Universidad Iberoamericana y la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Altolaguirre indicó que el acceso a la justicia "es un problema serio, porque de qué acceso podemos hablar en un Estado en el que los familiares de las víctimas tienen que ir a mendigar para que se les reciba y tener una respuesta de las autoridades".

Al respecto agregó que la negativa de las autoridades a aceptar como un feminicidio los casos de Ciudad Juárez o Guatemala responde a que "se tiende a buscar explicaciones para justificar la negligencia", pues a pesar del incremento generalizado de la violencia a escala mundial, "nada justifica el hecho de que sea la mujer quien esté sufriendo este incremento tan exponencial.

La mayoría de las víctimas aparecen con señas de tortura, violencia sexual y mutilaciones, perversiones que nos hacen pensar que existe un tipo de ambiente misógino, además de que pareciera que la violencia intrafamiliar es un hecho aceptado no sólo por la sociedad, sino también por las autoridades, a pesar de que muchas mujeres terminan muertas."

Señaló que en los países latinoamericanos "no está bastando alcanzar un progreso consistente y continuo en favor de los derechos humanos", pues los gobiernos "tienden a ponerse a la defensiva con este tipo de diagnósticos, pensando que se afecta al gobierno en turno cuando el objetivo es que acojan el informe y que enfrenten esta situación canalizando recursos para combatir el problema". LAURA POY SOLANO