Víctor M. Quintana S.

Acuerdo zombi

Quiere presentarlo el gobierno federal como un cid que gana batallas aun después de muerto. Pero es más bien un zombi, un muerto que se anda moviendo grotescamente y que ya ni mata ni asusta a nadie. Es el Acuerdo Nacional para el Campo. Su vida fue muy precaria, el propio gobierno le ha ido dando muerte lenta. Aunque luego lo saque en gacetillas para mostrar que se le mueve un párpado, que engarrota un dedo, que algo vivo le queda.

Lo acaban de señalar las organizaciones del movimiento El campo no aguanta más: el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) está virtualmente roto, muerto. Y no es por culpa de los agrupamientos campesinos firmantes, sino por la política que, en los hechos, ha seguido el gobierno de Vicente Fox.

Salvo algunos cuantos programas, como el de apoyo a la renegociación de adeudos de energía eléctrica para riego -ya presupuestado antes del ANC, por cierto-, lo cumplido del acuerdo ha sido lo menos, los numerales que comprometen poco al viraje de política hacia el agro. Pese a la grandilocuencia y al trasfondo escénico de su firma, el acuerdo ha significado muy poco para nuestro campo. Se han llevado a cabo los proyectos o entregado los financiamientos que ya estaban presupuestados desde el año pasado. Y la complicación de las inefables reglas de operación ha trabado muchos más programas y atorado cualquier cantidad de recursos. Al punto que el presupuesto para el campo o se está ejerciendo a matacaballo o, de plano, no se va a ejercer en lo que resta de 2003.

Y las verdaderas prioridades no se revelan en los discursos, ni en los desayunos oficiales, sino en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ahí la administración foxista traiciona en pesos y centavos el compromiso contraído en el ANC: poner al campo como prioridad nacional. De un presupuesto para desarrollo productivo del campo en la Sagarpa, aprobado por 41 mil 787.7 millones de pesos en 2003, el Ejecutivo propone ahora 37 mil 131.9 millones de pesos. Dar prioridad al campo significa para Los Pinos rebajarle 14.6 por ciento del presupuesto federal en términos reales. En lo que se refiere a desarrollo social, aunque es menor, también hay una reducción de 3.6 por ciento. Y eso que la población del campo es abrumadoramente pobre y, en su mayoría, indigente.

No es todo. Dar prioridad significa también, para el gobierno del cambio, eliminar dependencias vinculadas con el medio rural. Así, en su iniciativa de presupuesto, Hacienda propone la desincorporación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, del Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Comisión Nacional de Zonas Aridas y del Instituto de Capacitación del Sector Agropecuario.

"ƑY para qué los quieren?", preguntará Javier Usabiaga: "la mejor investigación la hacen las grandes empresas trasnacionales y las universidades norteamericanas, que nos comparten sus transgénicos... Ƒpara qué un instituto de tecnología del agua? Paguémosle a los Estados Unidos lo que les debemos de agua y apoyemos a los (grandes) productores para que compren equipos que la aprovechen mejor... ƑZonas áridas? ƑNo sería mejor que sus habitantes las dejaran y emigraran adonde sí pueden hacerla?... ƑCapacitación? ƑPor qué no se la subrogamos al Tec de Monterrey para que capacite a los pocos productores que puedan convertirse en empresarios, en aulas virtuales, con power point y toda la cosa?"

Todo esto es cuestionado no sólo en los medios y en los foros organizados por las y los investigadores del campo. Ha sido impugnado en las calles por las masas campesinas que engrosaron el contingente de la reciente megamarcha de la Jornada obrera, campesina y popular en defensa de la soberanía nacional y contra el neoliberalismo.

Y tiene sus efectos, porque aunque el Ejecutivo sigue haciendo oídos sordos, al Legislativo sí han llegado las voces de los campesinos que llevan un año clamando: "el campo no aguanta más". La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados se ha pronunciado ya por incrementar 31 por ciento el presupuesto para el campo: 66 mil millones para desarrollo productivo, 58 mil para combate a la pobreza, 12 mil para la generación de empleos y 10 mil para cuestiones agrarias y medio ambiente. Por supuesto, sin cerrar los centros de investigación para entregar esta vital actividad a manos privadas y al extranjero.

Las voces de la vida corren por las calles y por los espacios ganados por las luchas democráticas y justicieras. Las otras, son balbuceos de los zombis que, por desgracia, abundan en este país.