Luis Javier Garrido

La paranoia

El cerco policiaco-militar al Congreso de la Unión, decidido por el gobierno de Vicente Fox para que panistas y priístas le aprueben sin sobresaltos el paquete de "reformas estructurales" neoliberales que pretende, está poniendo de manifiesto que las directivas del PAN y del PRI actúan no sólo de espaldas y en contra de la ciudadanía, para ayudar a un gobierno en pleno desastre, pero también como instrumentos de los centros de poder financiero trasnacional.

1. El cerco armado al Palacio Legislativo de San Lázaro, anunciado por el abogado panista Juan de Dios Castro (presidente de la Cámara de Diputados), supuestamente para "proteger" del pueblo a los legisladores, que durará hasta que se apruebe el paquete económico de 2004, con el propósito, según él, de que no se produzcan en México hechos como los de Bolivia o Argentina (18 de noviembre), pone de relieve: a) la nula representación que tienen los legisladores, y b) la certeza de éstos de que las leyes que pretenden aprobar son contrarias a los intereses de los mexicanos.

2. El elemento fundamental de esta decisión es el miedo del régimen foxista a la democracia, pues a la campaña de desinformación en los medios orquestada desde Los Pinos se agrega ahora esta decisión que se busca justificar en la megamarcha del jueves 27 contra las "reformas estructurales", en la que participarán por lo menos ocho caravanas con cientos de sindicatos, organizaciones sociales y grupos populares, incluyendo, por supuesto, a legisladores del PRI y del PRD.

3. El aspecto más grave de este atrincheramiento de los legisladores lo constituye sin embargo el hecho de que fue decidido no por ellos mismos sino por el gobierno foxista, lo que vulnera de manera abierta la autonomía del Poder Legislativo, mostrando de paso la forma en que las bancadas panistas en ambas cámaras están contribuyendo a la sujeción del Congreso al Ejecutivo: de la misma manera que durante décadas lo hicieron los priístas, a los que tanto criticaron por ello. La decisión de atrincherar el Palacio Legislativo y la casona de Xicoténcatl fue comunicada a los legisladores panistas durante una reunión efectuada en Bucareli el 12 de noviembre, en la que César Jáuregui (vicepresidente del Senado) y Juan de Dios Castro recibieron las órdenes de Joaquín Arenal (director de información del Cisen) y de los enviados de Creel -que una vez más no quiso dar la cara-, y no sólo no las objetaron sino que temerosos pidieron que los cercos policiaco-militares fueran lo más extremos posibles (Milenio Diario, 20 de noviembre).

4. El hecho, como es evidente, recuerda un nefasto precedente: el del otro atrincheramiento de San Lázaro, ocurrido la noche del 9 al 10 de septiembre de 1988, en la que la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral -según lo establecía entonces la legislación constitucional-, en una larguísima y tormentosa sesión calificó en tanto que instancia definitiva la "validez" de las elecciones presidenciales, avalando el fraude por el cual se impuso de manera ilegal e ilegítima a Carlos Salinas de Gortari en la Presidencia de México. Esa noche, mientras los legisladores del Frente Democrático Nacional buscaban de manera infructuosa impedir dicha imposición por la vía de la argumentación y del respeto a la ley, miles de elementos del Ejército y de los cuerpos policiacos represivos, y hasta grupos paramilitares, cuidaban que no se abrieran los paquetes electorales y cercaban varias cuadras a la redonda, impidiendo la salida y entrada incluso de los propios legisladores.

5. El cerco a las cámaras legislativas de este otoño de 2003 contribuye así a poner de relieve que las cúpulas del PAN y del PRI están actuando manifiestamente en contra del pueblo y de la nación, para imponer políticas que no sólo contribuirán al empobrecimiento de las mayorías (la "reforma fiscal") y a desmantelar a la nación (la "reforma energética") sino a debilitar la soberanía del Estado mexicano al abdicar de la defensa de sectores estratégicos: porque tanto los derechos a la alimentación y a la salud son de carácter estratégico como el derecho a un desarrollo autónomo y soberano.

6. La directiva salinista del PRI, que no cuenta con el respaldo de sus bases y de buena parte de sus legisladores, no puede esconder por eso que atrás de las turbias manipulaciones de Elba Esther Gordillo (jefa formal de sus diputados en esta 59 Legislatura) está la sombra de Salinas y los acuerdos de éste con Fox, y por eso no hallan cómo esconder la verdad: que quieren entregar el sector energético al control estadunidense, y que tras su propuesta ahora de un IPI en vez del IVA a medicinas y alimentos, es una vez más el pueblo el que va a pagar el aumento de los productos, que las alzas serán mayúsculas y que están traicionando sus principios básicos.

7. Porque los hechos son evidentes: atrás del "paquete estructural" se mueven oscuros intereses trasnacionales y siniestras componendas, y quienes tratan de capitalizar su defensa son tanto Salinas como Zedillo. Fox, por ello, al agradecer enfático sus desvelos a los legisladores del PRI como del PAN (19 de noviembre), a quienes les da las gracias es a los capos que lo protegen y que lo ayudaron a encumbrarse en la silla presidencial: para servir como ellos al capital trasnacional.

8. Los legisladores del PAN, como los del PRI que se están aliando a ellos (para ayudar a Fox sin importarles el daño que le están haciendo a los mexicanos), no representan por esto a sus votantes sino a esos turbios pactos de beneficio para las multinacionales.

9. La pregunta que nadie hace es la de: Ƒpara qué quiere Fox más dinero rematando la CFE, Luz y Fuerza del Centro o Pemex, y haciendo pagar más impuestos al pueblo? Fox es incapaz de operar el gobierno, como reconoció su secretario Abascal (15 de noviembre), y quiere más recursos no para tareas sociales sino para pagar la deuda externa, el Fobaproa, ahora IPAB, y subsidiar a las empresas privadas, nacionales o extranjeras: como lo ha venido haciendo ante la complacencia de todos.

10. El cerco armado del Congreso muestra también algo más: que los legisladores panistas y un sector de los priístas y de los representantes de los otros partidos tienen un profundo temor ante las posibles reacciones del pueblo de México, porque saben que están actuando contra sus intereses y de manera ilegítima, y que la respuesta popular va a llegar.