Salazar Adame reitera que hay irregularidades en el caso del predio de Santa Ursula

"Feroz" postura de Diego Fernández y Lozano Gracia por indemnización: SRA

Informa a diputados que se resolvieron cinco focos rojos por disputa de posesión de tierras

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Los abogados de la familia Ramos Millán, el senador Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia -panistas ambos-, han asumido "una posición feroz" para obtener la indemnización de más de mil 200 millones de pesos por el predio de Santa Ursula, denunció Florencio Salazar Adame, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

Asimismo, informó que se han resuelto "cinco focos rojos" por la disputa de posesión de tierras, entre ellos el de Aguas Frías, Oaxaca, cuyo convenio se finiquitó el miércoles, con lo cual ese conflicto está a punto de declararse "cosa juzgada".

En su comparencia ante la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, informó que en el caso del predio de Santa Ursula la SRA solicitará que se reponga el procedimiento judicial, pues la dependencia ha detectado que "el asunto está plagado de irregularidades", entre ellas, que los demandantes "no han logrado acreditar su personalidad jurídica, ya que aparece una misma persona con dos nombres: Fernando Ramos Millán y Fernando Ramos Fernández".

Sobre la actitud de los panistas Fernández de Cevallos y Lozano Gracia, denunció que ambos han interpuesto sendas demandas en su contra y de otros funcionarios de la secretaría, en las cuales reclaman una "indemnización paralela" por 150 millones de pesos por negarse a pagar a los Ramos Millán.

Irónico, Florencio Salazar expresó ante los legisladores que aún si vendiera todo su patrimonio no le alcanzaría para cubrir ni los 30 millones de pesos que ya han sido depositados para el pago.

Asimismo, entregó a los diputados una ficha sobre el estado de los 14 conflictos agrarios que se han generado en 11 estados. Según ese reporte, se han resuelto cinco focos rojos en 127 municipios de Zacatecas, Durango, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí. Para resolverlos, señala el documento, se han debido pagar 142 millones 870 mil 132 pesos.

Afortunadamente, abundó, gracias a la conciliación se superaron los problemas, entre ellos el caso de Bernalejo de la Sierra, entre los tepehuanos de Zacatecas y Durango; el de Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz, Chiapas; el de Milagro y San Juan la Lana, en Oaxaca y Veracruz, que duró casi 30 años con saldo de 20 muertos, así como el de Pujalcoy, en San Luis Potosí.

Refirió que antes de llegar a la comparecencia, el miércoles por la tarde, le informaron que se suscribió el convenio para resolver en definitiva el conflicto, que durante más de 40 años involucró a las comunidades de Santo Domingo, Teojomulco y Santiago Xochiltepec, Oaxaca, originado por la disputa de 4 mil 622 hectáreas, el cual "reporta un lamentable saldo de más de 140 muertos, los más recientes, el 31 de mayo de 2002, que se conoció como la matanza de Aguas Frías".

Sin embargo, están pendientes de resolución nueve conflictos más, que abarcan 44 municipios de ocho estados: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Sonora, cuya antigüedad fluctúa entre 11 y 70 años, por los cuales han muerto 258 personas en 16 enfrentamientos entre comunidades.

Por otra parte, Salazar Adame informó que en la SRA se planea echar a andar un programa piloto de "bolsa de tierra social", con el cual se busca crear reservas de suelo para desarrollo urbano, que permita a ejidatarios y comuneros beneficiarse del valor de sus tierras y promover el crecimiento ordenado de las ciudades.

La intención es que los campesinos, por medio de la certificación y la titulación, puedan incorporar sus tierras al mercado inmobiliario, para que, cuando no puedan asociarse con los constructores de viviendas, al menos obtengan por sus predios el valor real del mercado. "Ya no debe prevalecer el argumento de que, como se construirá vivienda social, los campesinos donen la tierra o reciban precios simbólicos."

También reconoció que la presión en el campo ya no es por la posesión de la tierra, porque ya no hay más que repartir, sino que, precisamente por esta última razón, los jóvenes que no tienen propiedades salen de sus comunidades a la ciudades, y el problema se traslada a las urbes.