Los directivos "están preparando todo" para cerrar la empresa, advierten

Ex empleados de PubliXIII demandan a la empresa por despido injustificado

Clientes afectados marchan a Gobernación, Los Pinos y la Asamblea Legislativa

El caso de PubliXIII se complica cada día más; mientras los presuntos defraudados acuden a diversas autoridades, tanto federales como locales, con la finalidad de encontrar una solución a su problema, ex empleados de la compañía, ubicada en la esquina de avenida Cuauhtémoc y Miguel Laurent, interpusieron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje una demanda por despido injustificado.

De acuerdo con los ex empleados de diversos departamentos, como ventas, contabilidad, finanzas y supervisión interna (éste dedicado a la auditoría en las 22 sucursales de PubliXIII en igual número de estados), los directivos de la empresa "están preparando todo para cerrar definitivamente" sus oficinas centrales en la ciudad de México.

Un ex integrante del área de supervisión interna, quien solicitó el anonimato, aseguró que los dueños de la empresa ya no han acudido a las oficinas desde el pasado 14 de octubre, cuando el gerente general, José Luis González, fue detenido por agentes judiciales, aunque en días posteriores obtuvo su libertad bajo fianza.

Por su parte, el procurador de Justicia capitalino, Bernardo Bátiz, indicó que durante su declaración ante el Ministerio Público los representantes legales de PubliXIII argumentaron que fue "un negocio mal planeado", y mostraron "su intención de reunir fondos para resarcir el daño económico ocasionado a sus clientes".

Bátiz señaló que para sancionar a los dueños de la empresa primero tiene que acreditarse el fraude, y esto sucederá sólo si el Ministerio Público comprueba que actuaron con premeditación, dolo y mala fe para jinetear el dinero de los clientes, a sabiendas de que no iban a poder conseguir la publicidad que requerían para financiar la adquisición de los automóviles prometidos.

En tanto, los afectados se manifestaron ayer frente a la Secretaría de Gobernación, la residencia oficial de Los Pinos y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En Gobernación la petición de ayuda no prosperó, toda vez que, según el jefe de la Unidad de Gobierno de la dependencia, Gonzalo Altamirano Dimas, no es función de la secretaría proporcionar apoyo jurídico. El funcionario indicó que se les recomendó que acudan ante el Ministerio Público de cada entidad, toda vez que las denuncias corresponden al orden común.

Altamirano Dimas reconoció que por la cantidad de personas afectadas -se estiman alrededor de 20 mil- es un problema social, de ahí que se busca coadyuvar en orientarlos para sus gestiones de tipo penal y en eventuales recursos del orden civil, y ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

En Los Pinos los manifestantes fueron contenidos por elementos del cuerpo de Granaderos en la calzada de Chivatito y una comisión fue recibida por autoridades de atención ciudadana.

Finalmente, en la Asamblea Legislativa del DF los presuntos defraudados fueron atendidos por el diputado perredista Alfredo Hernández Raigosa, quien estimó que la empresa podría tener un patrimonio superior a 38 millones de pesos en bienes inmuebles. Al reunirse con unos 50 afectados, el diputado explicó que ha realizado investigaciones que le permiten calcular el patrimonio de PubliXIII; precisó que esta compañía posee un terreno en Valle de Bravo, de 70 mil metros cuadrados, valuado en 10 millones 500 mil pesos, además del edificio de avenida Cuauhtémoc, y 167 vehículos.

Informó que solicitó una reunión con el secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, para que explique bajo qué condiciones se otorgó el permiso a los propietarios de PubliXIII; no obstante, Hernández Raigosa admitió que las autoridades federales pueden negarse a proporcionar la información. AGUSTIN SALGADO, SUSANA GONZALEZ, GABRIELA ROMERO, RAUL LLANOS Y ALONSO URRUTIA