México D.F. Jueves 13 de noviembre de 2003
Venció el plazo para acogerse a dicha ley; benefició a 29 presos y se rechazaron 15 solicitudes
Reos acusados de "delitos graves", fuera de la amnistía en Guerrero
Al descubierto, falta de voluntad del gobernador; el proyecto, una farsa: organizaciones de presos políticos
JESUS SAAVEDRA Y MISAEL HABANA CORRESPONSALES
Chilpancingo, Gro., 12 de noviembre. Al concluir este día el plazo para que los presos políticos del estado de Guerrero se acogieran a la ley de amnistía promulgada en 2002 por el Congreso local, el presidente de la comisión encargada del indulto, Juan Alarcón Hernández, informó que quedaron fuera de ese beneficio más de 50 reos acusados de delitos graves, como secuestro u homicidio.
El también presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) explicó que esa ley benefició a 29 personas, mientras 15 solicitudes fueron rechazadas y en dos casos se declaró incompetente.
Interrogado acerca de los militantes de los ejércitos Popular Revolucionario y Revolucionario del Pueblo Insurgente encarcelados en la entidad, dijo que éstos están incluidos en el campo de las transgresiones graves, y quienes alcanzaron el beneficio de la libertad son los que cometieron delitos de carácter político, como motín, sedición, conspiración y conductas consecuentes como apología del delito y ejercicio indebido del derecho.
Por su parte, los presos políticos encarcelados en Acapulco demandaron una nueva ley de amnistía que permita la libertad de los luchadores sociales recluidos por delitos fabricados. La ley del perdón aprobada el año pasado incluye como delitos graves la violación y el secuestro, infracciones de las que fueron acusados algunos de ellos, por lo que no fueron beneficiados.
Mediante dos comunicados, el Comité de Presos Políticos y de Conciencia y la organización Presos Políticos Perredistas expresan que "queda al descubierto que no hay voluntad política del gobierno de René Juárez Cisneros, ya que el proyecto de ley de amnistía que él mismo había enviado al Poder Legislativo sólo ha sido una farsa y una burla para nosotros como presos políticos y para las organizaciones sociales, ya que los beneficiados no son reconocidos por nuestro pueblo como luchadores sociales, con excepción del profesor Manuel Fierro Alvarez y su compañero Emiliano".
Aseguran que la ley de amnistía fue una maniobra para impedir que se acogieran quienes habían luchado por su libertad mediante huelgas de hambre y movilizaciones. Afirman que dicha ley sólo sirvió para beneficiar a gente proclive al gobierno.
La mayoría de los presos del penal de Acapulco están acusados de delitos graves, como secuestro y homicidio, los cuales ellos afirman que les fueron fabricados. Los firmantes del documento son, entre otros, Alfredo García Torres y los perredistas Ismael Padilla Nava, Joviel Rafael Ventura, Gerónimo Hernández Refugio y Rogelio García Pineda.
De su lado, el titular de la CEDH, Juan Alarcón Hernández, manifestó sus reservas por los beneficios que pudo traer esta amnistía. "Pensamos que la ley debe ser más amplia, con una mayor cobertura, sin limitantes como las que ahora estuvieron vigentes", dijo.
Señaló que a quien correspondería impulsarla de manera más amplia es a la Legislatura local. "Probablemente someta a debate una nueva, pero esa ya es una probabilidad y no está en mi conocimiento personal", dijo.
Aclaró que por el momento la CEDH no está haciendo una propuesta, sino emitiendo reflexiones sobre el particular, además de un balance respecto al trabajo que realizó la comisión de amnistía.
Apenas el martes pasado, Alarcón Hernández visitó a Tomás de Jesús Barranco y a Miguel Angel Mesino, quienes ayer mismo concluyeron el ayuno que iniciaron hace 60 días en el penal capitalino, en espera de ser beneficiados con esta ley, sin haberlo logrado.
Al respecto, dirigentes de agrupaciones como la Organización Campesina de la Sierra del Sur y del Movimiento Social de Izquierda han manifestado que la legislación acotó los beneficios a los verdaderos presos políticos. La limitación impidió la liberación de luchadores sociales que están encarcelados o que son perseguidos, dijeron.
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