Denuncian los afectados la falta de recursos para enfrentar las consecuencias del desastre

Aparecen agentes cancerígenos en especies de la zona afectada por el Prestige

A un año, el buque sigue en el fondo del mar con 20 mil toneladas de combustible

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 12 de noviembre. A un año del hundimiento del petrolero Prestige, cargado con 77 mil toneladas de combustible, lo que desató la peor catástrofe ecológica ocurrida frente a las costas españolas, los afectados y diversas organizaciones ecologistas y civiles denunciaron la falta de medios públicos para hacer frente a las consecuencias del desastre que ha provocado, entre otras cosas, la presencia de "agentes cancerígenos" en la cadena alimenticia de la región.

El 13 de noviembre del año pasado el Prestige lanzó un mensaje de SOS: la intensa lluvia y la violenta marea habían dañado gravemente su estructura, por lo que se encontraba a la deriva y en situación de emergencia en las inmediaciones de las costas gallegas. Dos días después se hundió al partirse en dos.

Los informes del desastre ecológico del gobierno español, de José María Aznar, reflejan una realidad radicalmente opuesta a la que denuncian los científicos, los centros universitarios gallegos, las organizaciones ecologistas y las asociaciones civiles que han trabajado sobre el terreno contaminado.

La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, sostiene que las "heridas negras del Prestige empiezan a cerrarse", al informar que sólo ocho de las mil 64 playas afectadas por el vertido siguen contaminadas y que se ha recogido un total de 81 mil toneladas de fuel mezclado con agua y arena. Agregó que se han repartido más de 120 millones de euros como ayuda para los 20 mil afectados por el desastre.

Pero los informes científicos indepedentientes sostienen que "un año después el mar sigue desprotegido" y "todavía no hay planes para evaluar lo ocurrido".

Un año después del hundimiento del Prestige, las dos partes del buque siguen en el fondo del mar con más de 20 mil toneladas de combustible almacenadas, lo que representa una amenaza latente para el ecosistema y el sistema productivo de la región, basado en la pesca, el cultivo de moluscos y el turismo. Todavía no se han llevado a cabo los análisis de los fondos marinos ni se ha reformado la legislación marítima con la finalidad de evitar que se repitan desastres ecológicos de este tipo.

Una de las consecuencias más graves del vertido tóxico fue denunciada por el Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecológica de la Universidad de A Coruña, que en los últimos 12 meses ha llevado a cabo un riguroso análisis sobre las consecuencias del derrame contaminante en la cadena alimentaria marina. Su conclusión desmiente la información del gobierno español, al afirmar que los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), una sustancia cancerígena y peligrosa, han contaminado los productos que se cultivan y se pescan en la región, entre ellos los mejillones, los berberechos, el pulpo, el camarón, el rodaballo, la sepia y el lenguado.

El estudio, financiado por las asociaciones de pescadores afectados, advierte que todavía "no es posible conocer el alcance de los efectos en el ecosistema", pero lo que sí se puede afirmar con bases es que los HAP se acumulan en los órganos de los seres vivos toda vez que son bioacumulativos, lo que significa que ninguna especie los puede excretar.

Por su lado, la organización ecologista Greenpeace desplegó una enorme pancarta que cubrió la emblemática Torre de Hércules de A Coruña en la que reclamó "soluciones reales" a la catástrofe y exigió un "cambio de actitud" del gobierno español. Denunció también que a un año de la catástrofre ecológica todavía "no se han puesto en marcha las medidas necesarias para minimizar los riesgos de una marea negra, entre otras cosas porque la legislación no se ha modificado en sus aspectos esenciales". También criticó al gobierno español por no haber diseñado un plan de emergencia para recuperar los 2 mil 600 kilómetros de costa afectada.

A su vez, la plataforma civil Nunca Máis, creada a raíz del desastre ecológico, llevará a cabo 20 movilizaciones de protesta en Galicia que, bajo el lema "365 días de dignidad, 365 días de incompetencia", pretende recordar a la sociedad española y gallega que el drama provocado por el Prestige todavía los tiene "vestidos de negro, con una vela y cacerolas".

Desde Nantes, el diputado francés Phillipe de Villers reveló que un informe judicial consigna que la actitud del gobierno español tras la avería sufrida por el Prestige contribuyó a agravar la tragedia. El gobierno español impidió que un equipo de rescate enviado por la aseguradora del petrolero subiera a bordo antes de que se sus miembros "se comprometieran por escrito a alejar al buque a más de 120 millas náuticas de la costa", declaró Villiers, líder del Movimiento por Francia (MPF).

El equipo de rescate no pudo intervenir durante 24 horas, entre el 14 y el 15 de noviembre, explicó el político francés.