Adolfo Sánchez Rebolledo

El IVA, una burla

A los señores de Hacienda les parece lógico y natural que los libros, las medicinas y los alimentos tengan un impuesto, pues en el reino del mercado importa un bledo si la mercancía es un medicamento vital, un libro de poemas o un kilo de frijoles. Tampoco les interesa si el gravamen afecta a los ciudadanos con ingresos insuficientes o a la formación de la cultura, un "lujo" que los recaudadores por lo visto no consienten. En teoría, tal igualitarismo se justifica como una manera de multiplicar los panes para devolverle a la sociedad un mejor gobierno, pero en los hechos nada repara el golpe que se inflige a la economía familiar de los más pobres cuando sube el precio de los bienes básicos de consumo: no hay en el arsenal de políticas sociales del gobierno una que impida la caída de sus ingresos, sobre todo si el empleo decrece y no hay esperanzas ciertas de reiniciar el crecimiento. Sin embargo, el Presidente y sus secretarios de Hacienda y Gobernación repiten sin convicción los mismos argumentos que fracasaron la primera vez que presentaron el punto, confiando en que la nueva correlación de fuerzas ahora sí abrirá las puertas a los aumentos generalizados.

Sorprende la ausencia de imaginación y al mismo tiempo la rigidez con que los responsables de las finanzas públicas aplican la cartilla sin salirse un ápice de sus dictados. En tres años, han sido incapaces de diseñar una opción, es decir, una política propia para enfrentar las condiciones internacionales adversas sin rematar al capital extranjero las empresas más rentables del país. Sin embargo, en ese capítulo, hay que reconocerlo, han conseguido algunos avances. En vez de estar debatiendo cuál es la reforma que se requiere para modernizar la planta energética, hoy se discuten las formas de la privatización, lo cual es a todas luces una manera irracional de plantearse la cuestión, ya que, en definitiva, únicamente se favorecen los intereses de las grandes corporaciones que, es sabido, buscan un resquicio para aprovechar el mercado potencial representado por la industrias estratégicas y los recursos naturales reservados al dominio nacional.

En lugar de insistir, como ya lo han hecho algunos empresarios, en la ampliación del mercado interno como plataforma desde la cual medir fuerzas en la globalización, el gobierno repite cansinamente viejas fórmulas, tal vez en espera de una inyección millonaria en dólares que le permita concluir el mandato sin contratiempos aún más graves. No hay, en contra de lo que se dice, idea de futuro, o al menos un bosquejo de lo que podría ser una política que estimule el crecimiento y nos permita abandonar el subdesarrollo estructural. Más impuestos e inversión extranjera, eso es toda la ciencia económica del gobierno "del cambio". A esa postura responde la urgencia, entre comillas, por rematar los últimos vestigios de la presencia del Estado en la promoción de la industria cinematográfica, cuyo desmantelamiento y liquidación, justo es decirlo, comenzó mucho antes de que el presente gobierno pusiera a la venta lo que queda.

Hay en todo esto una actitud ideológica que no necesariamente está guiada por el interés económico inmediato. Por ejemplo, liquidar la agencia Notimex no es un gran negocio, pero resulta una operación bastante atractiva para un régimen que no cree en la comunicación de Estado y, por el contrario, se siente protector y garante de los intereses particulares en este campo, no su regulador, como se hizo evidente con las reformas a los reglamentos que rigen las relaciones entre los medios y el gobierno y en la indisposición para avanzar en la codificación del derecho a la información.

El caso extremo de esta actitud es el impuesto a los libros. El argumento de que en otros países se aplica sin protestas no tiene valor alguno, pues las condiciones son muy diferentes. Comenzando por el nivel de ingresos, que es muy superior en España o Inglaterra, pero sobre todo por el consumo de libros per cápita, que en México es muy bajo, entre otras causas por el elevado precio de los libros. Resulta incomprensible que el gobierno pretenda, por un lado, promover la lectura abriendo bibliotecas, y por el otro, las cierre. El impuesto al libro, dadas las circunstancias reales de nuestra educación, resume a la perfección la concepción del mundo de un gobierno que sólo piensa en la cultura como una mercancía. Decir que todo se hace por los pobres es una burla inadmisible.