Sergio Zermeño

Los abogados y el fraude

Se ha desatado una moda entre los abogados, los jueces y el Poder Judicial: levantar demandas millonarias en contra de las instituciones de gobierno que en algún momento decretaron expropiaciones por motivos de utilidad pública. Nadie pensaba que esta moda inaugurada, o por lo menos atizada, por el senador Diego Fernández de Cevallos fuera a propagarse al Paraje San Juan, al Encino, Los Novillos, La Fama Montañesa, la colonia Ajusco, hasta encender la pradera y los focos de alarma del sistema legal mexicano.

Ante la hecatombe inminente se han inaugurado, en calidad de emergencia, seminarios internacionales sobre transparencia en la impartición de justicia en las más prestigiadas universidades, suplementos periodísticos dedicados a la transparencia judicial ante lo que ya se está dando en llamar el Poder Opaco, etcétera. Las conclusiones a que estos eventos están llegando ya todos las conocíamos, o las sufríamos: no se sabe cómo reciben pruebas nuestros jueces, cómo razonan nuestros tribunales, qué peso tienen los testigos, cómo se construye un caso, por qué el Ministerio Público, en un juicio penal, de repente saca conclusiones no acusatorias y todo hace pensar que está coludido con la defensa del acusado, y por qué todo el caso puede quedar guardado en los archivos 12 años durante los cuales la opinión pública no podrá conocer cómo se actuó en un juicio determinado. En resumen, que en este país los jueces hacen lo que quieren, sin ningún contrapeso.

Veamos un caso ejemplar: la juez quinta de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Clementina Flores Suárez, dio entrada, en el año 2001, a un juicio de amparo en contra del secretario de la Reforma Agraria, promovido por los comuneros del poblado de La Candelaria. En esos pedregales se asientan hoy la colonia Ajusco y otras que comenzaron a ser ocupadas desde finales de los años 60, a espaldas de la Ciudad Universitaria, y que condujeron a un decreto expropiatorio por utilidad pública en 1970.

Uno tiende a decir: "que se acuchillen entre gitanos", pero el asunto no es tan sencillo. Un juicio de amparo suspende la realización de todos los desarrollos urbanos y comerciales del territorio en litigio, de manera que los 30 mil habitantes de la colonia Ajusco, así como otras áreas involucradas, han dejado de recibir servicios urbanos como pavimentación, poda, mantenimiento hidráulico y del drenaje, alineamientos y números oficiales, permisos de construcción, etcétera, al grado de que una mujer que había sido beneficiada por los apoyos del Gobierno del Distrito Federal para ampliación de la vivienda vio suspendida la entrega de esos recursos cuando la obra estaba a medias, teniendo que hacer frente, a cielo abierto, a la época de lluvias.

Ante esta adversidad, el sorprendente comité vecinal de la colonia Ajusco se dio a la tarea de reconstruir, con un trabajo de titanes, en medio de archivos, legajos y folios, la historia jurídica de su territorio, encontrando que los comuneros que habían promovido el amparo ni siquiera habían sido reconocidos como tales ni habían recibido en consecuencia dotación alguna (según dictamen negativo de la autoridad federal agraria en 1942 y nuevamente en 1990), ya que siendo una área invadida por la lava volcánica es impropia para realizar labores agrícolas.

Seguramente los abogados de estos comuneros (cuatro licenciados en derecho con los mismos apellidos) habrán descubierto, aquí o allá, inconsistencias jurídicas en un proceso legal que lleva más de 60 años y, alentados por el éxito multimillonario del jefe del Senado, se hayan también lanzado a la aventura. Pero lo increíble es que un juez, a sabiendas de los sacrificios que habrán de pagar miles de vecinos, le dé cabida a un juicio de amparo en condiciones tan endebles, nada más porque así lo quiso y porque así lo decidió de acuerdo con quién sabe qué criterio, que no está obligado a hacer explícito hasta dentro de 12 años.

Francamente, de no haber un cambio profundo en el sistema judicial mexicano, y en los referentes éticos con que se está inculcando el derecho, nuestro país caminará hacia la desconfianza total. Y sin embargo, los altos jerarcas del sistema judicial se permiten externar sus juicios en el terreno de la política, como el señor Mariano Azuela, arengando en contra del populismo, inaugurando el enfrentamiento entre los mexicanos como en el chavismo, o en la época de Allende. Dedíquense mejor a limpiar su chiquero, porque de otra manera llegará el momento que a las letras doradas de la UNAM inscritas en la Cámara habrá que agregarles, entre paréntesis: "(excepto la Facultad de Derecho)".