En el contexto político presente no es extraño asistir a alineamientos hasta hace poco inimaginables, a alianzas entre sectores que hasta hace poco eran adversarios y a pactos que trascienden los linderos partidistas e ideológicos establecidos hasta el año 2000, que conformaban el mapa previsible de la vida política nacional. Pero el plausible y esperanzador encuentro de ayer entre priístas y perredistas -en el que además participaron dirigentes sindicales destacados- con el objetivo de formar un frente en defensa del sector eléctrico de la nación, tuvo la virtud insólita de reunir a dos figuras centrales y antagónicas del proceso electoral de 1988: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato presidencial en aquel año por la coalición denominada Frente Democrático Nacional, y Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación y responsable de la organización de esos polémicos comicios.

Cárdenas, cabe recordar, fue el aspirante defraudado por una maquinaria gubernamental que recurrió a toda clase de operaciones, lícitas e ilícitas, con tal de presentar como triunfador de la elección a Carlos Salinas de Gortari. Una de esas operaciones fue la "caída del sistema" (informático, en estricto sentido, y político, por entendimiento de la sociedad) anunciada la noche del 6 de julio por Bartlett, en su calidad de máxima autoridad electoral del país, en lo que fue interpretado por el sentir general como una maniobra para dar margen a la alquimia y la conversión de la derrota del candidato priísta en una victoria para el entonces partido oficial. Ese episodio hizo posible que Salinas llegara a la Presidencia y que Cárdenas y muchos de sus aliados emprendieran la construcción de un nuevo partido que es, en nuestro tiempo, la tercera fuerza electoral del país.

Ayer, Bartlett y Cárdenas, protagonistas a su modo de la ruptura histórica del Revolucionario Institucional, estamparon sus firmas en un acuerdo para defender la industria eléctrica del país de los afanes privatizadores del gobierno de Vicente Fox; acuerdo que contó, además, con respaldo de funcionarios y dirigentes de ambos partidos, como el presidente nacional perredista, Leonel Godoy; el gobernador oaxaqueño, José Murat, así como los líderes sindicales Francisco Hernández Juárez (telefonistas) y Rosendo Flores (electricistas). La gravedad del momento y la importancia de la causa pudieron más que una enemistad histórica; la conformación del frente reflejó la diversidad y la extensión de los sectores políticos y sociales resueltos a impedir una entrega de la electricidad a inversionistas privados y nacionales.

El Ejecutivo federal y sus personeros se empeñan en asegurar que sus planes no pasan por la privatización de la Comisión Federal de Electricidad, pero el sentido de sus acciones y de las presiones procedentes de los capitales financieros internacionales indican que se busca cancelar la propiedad nacional del sector eléctrico. En otro sentido, las autoridades aseguran que ese sector requiere urgentemente de inversiones, pero priístas y perredistas han propuesto alternativas viables y razonables de financiamiento sin que el grupo gobernante se digne a escucharlas.

Para finalizar, cabe felicitarse por el hecho de que actores políticos tan diferentes coincidan en la siguiente apreciación: "Son falsas las cuentas apocalípticas del gobierno foxista: tenemos a la cuarta empresa eléctrica del mundo y a una de las más competitivas a escala internacional. Con ella el abasto está garantizado más allá de 2009". Ese dato, así como la decidida, extensa y plural defensa del sector eléctrico, son noticias esperanzadoras para la sociedad.