El Tribunal Superior de Justicia rechaza reforma al Poder Judicial impulsada por el gobernador

Admite la Corte demanda contra Ejecutivo y Legislativo de QR

JAVIER CHAVEZ ATAXCA CORRESPONSAL

Chetumal, QR, 7 de noviembre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda de controversia constitucional que presentó el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo contra los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales, argumentando que impulsaron una reforma a dicho poder violentando disposiciones constitucionales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En concreto, la ofensiva de la titular del Poder Judicial del estado, Lizbeth Loy Song Encalada, apunta contra la designación de cuatro magistrados numerarios y dos consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura que fueron designados por el Congreso local, a propuesta del gobernador Joaquín Hendricks Díaz.

Según el oficio 3000153 que envió la SCJN al Poder Judicial de la entidad, al referirse a la controversia constitucional 101/2003 indica que "en este procedimiento se impugna el decreto por el que se declaran aprobadas las reformas al capítulo 4 del título 5 de la Constitución Política de Quintana Roo, y en forma directa las disposiciones de estas reformas..."

El ministro Juan N. Silva Meza, instructor designado para conocer del asunto, dictó el acuerdo por el cual se emplaza mediante oficio a las partes demandadas para que presenten su contestación en un plazo de 30 días hábiles.

El 25 de septiembre pasado, con el respaldo de las bancadas panista y verde, la mayoría priísta aprobó la iniciativa del Ejecutivo estatal para reformar el Poder Judicial, la cual permitiría al gobernador Joaquín Hendricks proponer magistrados del Tribunal Superior de Justicia, facultad que poseían en exclusiva los integrantes de ese poder.

Sin embargo, Loy Song Encalada envió un oficio a la presidenta de la Gran Comisión del Congreso, Rosario Ortiz Yeladaqui, oponiéndose a la reforma y anunciando que promovería, "a la brevedad posible", una controversia constitucional ante la SCJN "por violaciones a la independencia" del Poder Judicial de la entidad, además de solicitar, en su momento, la intervención del Senado de la República.

Hasta ahora, los seis magistrados eran inamovibles y tenían la facultad para relegirse o para proponer nuevos integrantes. Ahora no sólo les fue retirada esa atribución, sino que les fueron añadidos otros tres integrantes que llegarán por recomendación del Ejecutivo. Tal modificación fue el punto más polémico de la iniciativa, ya que según el PRD el gobernador asumirá el control absoluto del Poder Judicial.