Ilán Semo

El miedo a la pluralidad

ƑQué lecciones se derivan del ejercicio de la administración de Vicente Fox, el primer Presidente no priísta, en los tres años iniciales de su gobierno? La más obvia es de orden político: edificar un régimen democrático en el México pospriísta implica inevitablemente edificar otro tipo de Estado. La tarea de democratizar el país se ha revelado como una empresa tan incomensurable y distante como puede ser la tarea de transformar las redes más profundas que atan al poder con la sociedad.

Sería inútil buscar ideas rectoras o alguna visión política en la campaña electoral que llevó a Fox a la Presidencia, pero lo que abundó en ella fue la ilusión de que el problema del cambio se reducía esencialmente a corregir la mala administración de lo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) legaba al nuevo gobierno. Si el Partido Acción Nacional (PAN), la reducida parte del grupo San Angel que llegó hasta el final de la carrera presidencial y los empresarios que financiaron la campaña creía o no que realmente bastaba con administrar de manera eficiente y honesta lo que el priísmo había anegado en el océano del clientelismo y la corrupción es un tema para historiadores. Lo relevante es que esa fue la "filosofía" que inspiró a la mercadotecnia del triunfo de 2000: un cambio light, sin esfuerzos ni exabruptos, sin venganzas con el pasado, indoloro, que no demandaba de la ciudadanía más que horas-nalga de televisión, y de la clase política, buena fe y comprensión.

Muy pronto la tarea se reveló como inaudita. Fox y el nuevo gabinete descubren que toda impresión de automatismo que emanaba del régimen del PRI era una ficción en el sentido estricto del término: ni la Presidencia era la isla del tesoro ni el Estado la tierra prometida. No se necesita ir demasiado lejos. Ninguna de las tres funciones básicas del Estado (léase: recaudar impuestos, preservar el monopolio de la violencia pública e impartir justicia) resultaba concebible sin el aceite corporativo y clientelar que proveía más de medio siglo de prácticas priístas. La misma construcción del régimen democrático encontró un dique que, en rigor, ha resultado insuperable. Lo normal en la "nueva" sociedad política que resulta de la alternancia de 2000 es ver en las prácticas de la pluralidad un atributo que sólo es aplicable al vecino, al adversario o al enemigo, pero nunca algo que sea aceptable en casa propia. Y si es que la pluralidad se ha colado por descuido o por las circunstancias creadas con la expulsión del PRI de Los Pinos, la única verdadera labor política es boicotearla, torpedearla o hacerla añicos.

Atribuir tan sólo al PRI la fragmentación del proceso democrático puede ser un error no sólo de cálculo, sino de sensatez. Acaso significa guardar esperanzas absolutamente infundadas. Nada en los otros dos extremos del espectro político señala algún afán de seguir por el camino cuyo punto de partida, y sólo punto de partida, es el año 2000. El secuestro de las posiciones clave del Estado por las organizaciones "seculares" de la derecha católica -Opus Dei, Legionarios de Cristo, etc.- ha contribuido a detener la pluralización de la vida pública con tanta eficacia como lo ha hecho el neocaudillismo del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Aunque distintos, ambos fenómenos hablan de una feudalización de la esfera política.

El más reciente golpe ha sido la degradación del Instituto Federal Electoral (IFE). Una historia breve del IFE lo dataría como un organismo que logró preservar una relativa neutralidad frente a un proceso que hace 10 años parecía simplemente inconcebible: la edificación de un sistema electoral mínimamente transparente y mínimamente competitivo. Tal vez sus funcionarios salientes cometieron un error al atraer la fiscalización del gasto de los partidos políticos a su seno. Tal vez deberían haber transferido esta función a otras instituciones mejor pertrechadas para enfrentar un campo de fuerzas de tales dimensiones. Pero no hay duda de que emprendieron esta fiscalización contra los dos partidos centrales que dominan la vida política de hoy. Los escándalos y las sanciones que resultaron del Pemexgate y de las investigaciones realizadas a Amigos de Fox acabaron unificando a las dos grandes maquinarias bajo la misma confabulación: desmantelar la autonomía relativa que había logrado esa rara institución que fue, hasta la fecha, el IFE. Se equivocan quienes sostienen que la decisión de una mayoría calificada es, por calificada, aceptable. La historia está repleta de mayorías calificadas que han hundido a sus respectivas sociedades. Aquí se trata de una mayoría dedicada a socavar el principio de pluralidad, las exigencias mínimas de transparencia, la existencia de un organismo que, paradójicamente, velaba por la legitimidad de los propios partidos.

En manos de los dos grandes partidos, el IFE ya ha sido transformado en una agencia de trámites de las necesidades y necedades que les impone la ruta hacia las elecciones de 2006. Y la exclusión del PRD es sintomática. Visto desde la perspectiva de la próxima sucesión presidencial, el panorama resulta (después del golpe al IFE) menos alentador. La izquierda cuenta con un candidato visible, Andrés Manuel López Obrador, pero no con un partido (y el secuestro del IFE debilita aún más su anclaje partidario). Al PRI le sobra partido, basado en las miles de maquinarias clientelares que se han repuesto, o que nunca dejaron de exis- tir, después del shock de 2000, pero no cuenta con candidato. Vicente Fox ha ido deshaciendo a su propio partido, el PAN, y apenas cuenta con un candidato.