México D.F. Sábado 8 de noviembre de 2003
Toda la propuesta oficial, negociable,
señala Creel
Rechazo general a cobrar IVA en comida y fármacos
Propone López Obrador opciones para no bolsear
a la gente La UNT amenaza con huelga nacional
Mientras que desde la mayoría de los sectores del
país -incluyendo la Iglesia católica y la dirigencia formal
del sindicato magisterial- se multiplicaron las voces de rechazo a la iniciativa
de reforma fiscal del Ejecutivo federal, del entorno foxista el secretario
de Gobernación, Santiago Creel, expresó que "todo el contenido"
de la propuesta oficial "es negociable".
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés
Manuel López Obrador, expresó tajante su rechazo a gravar
con el impuesto al valor agregado (IVA) medicinas y alimentos. Propuso
que en lugar de bolsear a la gente más necesitada para allegarse
recursos, el gobierno federal debería ajustar su aparato burocrático,
combatir la evasión fiscal y restructurar la cartera del Fobaproa.
Su posición, aclaró, "no tiene el propósito
de socavar la institución presidencial ni caer en la confrontación",
toda vez que el Presidente está haciendo su trabajo con base "en
su visión". Sin embargo, "hay veces que no coincidimos, como en
este caso, y así se lo expresé durante una cena que tuvimos
hace unos días; ahí le dije que no estaba de acuerdo con
su propuesta, y le dimos nuestras razones".
López Obrador confió en que los diputados
federales reaccionarán y modificarán la iniciativa de Ley
de Ingresos que propuso el presidente Vicente Fox, a fin de no perjudicar
a la mayoría de la gente. Llamó, sobre todo, a los legisladores
que usaron este tema durante su campaña electoral, para que ahora
"no caigan en actos de cinismo, de cretinismo, levantando la mano para
aprobar" el IVA en medicinas y alimentos.
1.5 millones de afiliados
En
tanto, el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social, José Antonio Sandoval, consideró que la iniciativa
foxista "no es una medida coherente ni justificable", pues implica dañar
a millones de mexicanos que gastan casi 50 por ciento de sus ingresos en
alimentos.
Se requiere, dijo, una propuesta más democrática,
que no lesione los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Exhortó
a los diputados a aprobar un presupuesto, en todo caso, "más austero,
sin aumento salarial para los funcionarios, racionando los gastos administrativos
y procurando que la aplicación del presupuesto corrija las deficiencias
en los años anteriores, sobre todo en materia social".
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, Rafael Ochoa Guzmán, criticó al gobierno
federal por "ahorrar" el presupuesto desde 2001, "cuando las necesidades
de la educación del país son tantas", por lo que los maestros
"nos oponemos a que ahora se endose a programas sociales el costo de las
debilidades públicas".
El líder de la Unión Nacional de Trabajadores
(UNT), Francisco Hernández Juárez, advirtió que si
el gobierno federal no escucha el rechazo a sus intentos de gravar con
IVA medicinas y alimentos, colegiaturas y servicios médicos, "más
de 1.5 millones de trabajadores afiliados a la UNT realizarán una
huelga nacional". Puso como límite el 27 de noviembre para que el
gobierno "contenga" su proyecto, y en caso de que no lo haga "convocaremos
a una huelga nacional de las organizaciones que integran la UNT".
El secretario general del Sindicato Nacional de Jubilados
y Pensionados por el Estado, Martiniano León Pech, señaló
que la aprobación de la iniciativa foxista, significaría
un "golpe mortal" para casi 2 millones de trabajadores pensionados en el
país.
Organizaciones campesinas se manifestaron contra la desincorporación
o liquidación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias y del Colegio de Postgraduados, porque significaría
el desmantelamiento del aparato de investigación agropecuaria.
Por la Unión Nacional de Organizaciones Regionales
Campesinas y Agrícolas, Alberto Gómez dijo que la iniciativa
del Ejecutivo "profundizará la crisis del campo mexicano, porque
representa la desaparición o privatización de instituciones
fundamentales para el desarrollo agropecuario". Muestra, además,
la falta de interés del gobierno en el desarrollo del campo, en
particular de los pequeños y medianos productores que pueden encontrar
en estos centros de investigación una opción para mejorar
sus niveles de producción.
Alvaro López, de la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas, comentó que se trata de "una torpeza del gobierno
pretender ahorrarse unos pesos" con la privatización de estas instituciones
y también de la Comisión Nacional de Zonas Aridas, cuando
son escasos los espacios de investigación y transferencia tecnológica
al sector.
El líder de la Confederación Nacional Campesina,
Heladio Ramírez López, subrayó que México "no
saldrá adelante si no se fortalece la investigación en lo
que concierne a enfrentar la apertura comercial, por lo que debe considerarse
el impulso a la actividad científica agropecuaria y forestal, en
lugar de socavarla".
Por su parte, el secretario de Gobernación, Santiago
Creel, señaló que la propuesta gubernamental "puede y debe
ser enriquecida por los legisladores... todo es negociable, siempre y cuando
tengamos unas finanzas sanas, equilibradas, que no plantee un déficit
que nos lleve a gastar lo que no tenemos".
La propuesta nuestra es muy clara, dijo Creel en una entrevista
radiofónica, pues "nosotros asumimos la responsabilidad de hacer
el planteamiento, la propuesta y asumimos el costo implícito...
y con esta actitud queremos convocar, en los hechos, a despojarnos de nuestros
colores partidarios en la discusión del paquete económico,
de las reformas que el país necesita. Porque es muy fácil
encontrar razones para que las cosas no se hagan, pero lo que es difícil
es dar el paso al frente, asumir el costo y la responsabilidad".
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