Excesivo pastoreo en zonas áridas y tráfico de especies amenazadas, otros problemas

El combate a la deforestación debe ser prioridad en México, señala la OCDE

El combate a la deforestación debe ser una de las prioridades de la política ambiental de México, señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues, argumenta, el nivel de tala de bosques en el país es uno de los más altos del planeta.

"México cuenta con aproximadamente 12 por ciento de la biodiversidad del mundo, pero esa riqueza se encuentra seriamente amenazada por la deforestación, el pastoreo en exceso en zonas áridas y el comercio ilegal de especies amenazadas", afirma el organismo en un estudio sobre el desempeño ambiental del país, el cual será dado a conocer hoy por el secretario general de la OCDE, Donald Johnston.

El trabajo, que según el comunicado de prensa "alaba las políticas medioambientales" de la nación, incluye también 61 recomendaciones específicas para alcanzar mejores logros en este campo.

México, afirma el organismo, cuenta ahora con un marco legal e institucional sólido en la materia, que le está permitiendo obtener resultados positivos, pero es necesario que aumente el financiamiento de las medidas preventivas y de cuidado del medio ambiente, y que integre las preocupaciones sobre este tema en sus políticas sectoriales.

Por un lado, el estudio pondera positivamente los avances en mejoramiento de la calidad del aire en las zonas urbanas, "tales como la gran ciudad de México, donde el bióxido de carbono y el de azufre han disminuido", en beneficio de la salud infantil. También reconoce el progreso alcanzado en la descentralización del agua, y apunta que actualmente, más de 95 por ciento del líquido potable está desinfectado.

En el mismo sentido se expresa sobre los esfuerzos realizados para mejorar la administración de los desechos peligrosos, pues ha "aumentado con rapidez la capacidad de tratamiento y eliminación de los mismos."

Entre sus recomendaciones menciona la necesidad de fortalecer y dar facultades a los niveles estatales y municipales de gobierno tanto para la definición de la política ambiental como para su puesta en práctica.

Propone también mejorar el acceso al agua mediante "cruzadas" por los bosques y el líquido, e incluir en la legislación "un aumento de las tasas de inspección y del nivel de cumplimiento de las normas".

La OCDE sugiere "aumentar las fuentes de recursos públicos, privados e internacionales para financiar la infraestructura para el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas de desecho", pues, afirma, la infraestructura para el suministro del líquido se encuentra aproximadamente "a la mitad de lo necesario". Apunta que "sólo 25 por ciento del agua de desecho en las ciudades es tratada y la gran mayoría de las descargas industriales no tienen tratamiento".