CIUDAD PERDIDA

Miguel Angel Velázquez

Enfrenta la SCJN la hora de las definiciones

SI NO existe mayor problema, es decir, si los ministros de la Suprema Corte han llegado por fin a un acuerdo, hoy se sabrá si se inicia o no la investigación sobre los probables hechos de corrupción en el caso del Paraje San Juan.

Y NO es cosa fácil. Los miembros de este poder deberán caminar por una línea muy delgada y cualquier desvío será de consecuencias importantes para el futuro del país, porque definirá con mucha mayor precisión el rol de este gobierno frente a los electores.

HACE CASI un mes, el 10 de octubre pasado, el presidente de la Corte, Mariano Azuela, interpretó -para los intereses, cuando menos, de parte importante de la población, seguramente los más fuertes económicamente hablando o para un poder que sigue siendo igual de perverso que el de las últimas siete décadas- que el voto de los ciudadanos de esta capital no es igual ni parecido al de los ciudadanos de Tlaxcala o Chihuahua y, por tanto, los representantes de la ciudadanía de la capital están acotados en sus derechos.

NO SE en qué parte del texto constitucional se expresa tal aberración, pero de ser así, la exclusión que se hace de esta parte muy importante de la población rompe el sentido de la igualdad que se supone procura la Constitución.

POR ESO la importancia del reclamo del gobierno de la ciudad, de los ciudadanos que han entregado a ese órgano miles de firmas en apoyo y en exigencia de que se abra la investigación, y de muchas otras personas que necesitan sentir el apoyo de la Suprema como la instancia en la que aún se puede confiar.

MARIANO AZUELA, presidente del máximo tribunal impartidor de justicia del país, quien condenó la democracia populista, prefiere seguramente seguir en manos de la democracia liberal representativa creada por el capitalismo, en la que los ciudadanos eligen a quienes tienen que tomar las decisiones que alteran sus vidas, pero no pueden participar en esas decisiones, es decir, deben ser tutelados, no son parte, sino comparsas.

LA DEMOCRACIA que defiende entonces el ministro es esa que una y otra vez se ha denunciado como el nuevo instrumento de la opresión, una isla de poder que vive en un archipiélago de despotismos políticos y sociales. Si es así, y lo que hoy pase no resulta conveniente para los más y para la justicia, corremos el riesgo de vivir en una sociedad políticamente democrática, pero socialmente fascista.

EL JEFE de Gobierno de la ciudad ya hizo un llamado público al Presidente de la República para que fuera él, si López Obrador y sus gobernados no somos iguales a los otros ciudadanos del país, desde la misma Presidencia, donde se pida la investigación que dé certeza al asunto de Iztapalapa, pero hasta el momento no se sabe mucho sobre la respuesta.

ES PROBABLE que la petición pública de López Obrador no se haya concretado en un hecho oficial, es decir, podría ser que Vicente Fox no hubiera recibido oficialmente la petición del Gobierno del Distrito Federal, pero también es muy probable que en Los Pinos no exista eco para esta denuncia.

DEBEMOS RECORDAR que la mayoría de quienes viven en este país votaron por un gobierno de corte neoliberal que defiende el mismo sistema que proclama ese tipo de democracia donde existe la idea de los no ciudadanos, de la población desechable.

DE CUALQUIER forma, con este lío lo que sí tenemos por seguro es que ya empiezan a sentirse los efectos de un sistema en crisis que deberá repensarse para evitar a la sociedad males mayores. Ese es el problema.

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