Nora Patricia Jara

Paraje San Juan

Una millonaria indemnización por la expropiación de un predio donde se asientan 12 colonias en la delegación Iztapalapa se convirtió en el mayor conflicto político-judicial que enfrenta la gestión del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. El hecho lo sitúa en medio de un lanzamiento anticipado en la búsqueda de la candidatura presidencial. Sobre el llamado Paraje San Juan una juez falló con base en pruebas apócrifas que el Gobierno del Distrito Federal pague una antigua deuda originada por administraciones priístas, decisión que pone en entredicho la conducta del aparato de impartición de justicia que resuelve en favor del despojo del presupuesto público, ya que el cumplimento del veredicto jurídico pondría en riesgo las finanzas de la ciudad de México.

La parte demandante, en este caso, además ha resultado también cuestionada, ya que el principal beneficiario de la multa de mil 810 millones de pesos es el bufete de abogados y no el supuesto propietario, víctima de la autoridad. En este asunto se dirimen y se enfrentan la legalidad con la justicia. También es cierto que se contraponen la corrupción y la impunidad jurídica, tal como lo denuncia el gobernante capitalino, repitiendo incluso consignas populares que se refieren al hartazgo que manifiesta la ciudadanía por una aplicación de la ley que actúa con pruebas falsas, discrecionalmente y con investigaciones inacabadas. La zona del paraje San Juan, en el oriente de la capital, se suma a la larga lista de pendientes que se tienen con la comunidad a la que debieran servir los impartidores de justicia que proceden obsequiosos si de la banca se trata: ahí está el rechazo de la Suprema Corte de Justicia a revisar las cuentas del Fobaproa, de las pesquisas judiciales, como la muerte de Digna Ochoa, o los amparos en favor de los delincuentes de cuello blanco, que despojan a la nación de sus bienes. Esa es la corrupción, la descomposición de la conducta de los individuos que forman una colectividad, mediante acciones que favorecen el interés personal sobre el público, que se apoderan de lo que no les pertenece y es de todos. La corrupción es un acto degradante que atenta contra el orden social y la carencia de castigo o la impunidad como una consecuencia del rompimiento de una norma o regla colectiva. Es dejar al sujeto que la ejerce sin responsabilidad ante sus actos. No se trata de rasgarse las vestiduras con alegatos morales para denostar a un poder que debe mantener la solidaridad colectiva como uno de sus fines, no con valoraciones legaloides o manifestaciones que confrontan la voluntad popular en su moral y juicio. ƑQué es sino desconocer la autoridad de un gobernante electo mediante el voto mayoritario, ignorando su estatus jurídico para representarnos, defender o inconformarse por una deuda que abre un boquete a las finanzas públicas del Distrito Federal?

Son muchas las derivaciones que tendrá la solución de este nudo, que incluye el involucramiento de funcionarios del círculo de primer nivel del jefe de Gobierno como piezas claves para avalar en su momento la demanda de indemnización y a perredistas con militancias recién adquiridas que ejecutaron el decreto expropiatorio bajo las órdenes del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Aunque los pronósticos son favorables a la posición del Ejecutivo local y a que las partes e instituciones involucradas lleguen a un acuerdo mediante una salida legal en la que prevalezca la auténtica verdad jurídica, el equipo ex salinista que acompaña a la actual administración se revela como un pasado muy presente que no se puede resolver sin sancionar la cadena de corrupción que significó para las arcas de esta urbe y del país las administraciones priístas. Sobre esto debe estar alerta López Obrador, un político que hasta ahora ha demostrado que la honestidad se ejerce por convicción, al grado que la hace origen de su supuesta indestructibilidad y la bandera de arranque inmediato en una ya larga precampaña, tal vez sin simulaciones, pero con compromisos por fortalecer los mecanismos legales para combatir las prácticas corruptas y pugnar por una aplicación de la ley y su observancia con responsabilidad.