México D.F. Martes 4 de noviembre de 2003
El adquiriente, Fernando Arcipreste Pimentel,
nunca existió, afirma
López Obrador: falso, el contrato de compraventa
del Paraje San Juan
Es fruto de ambiciones, corrupción e influyentismo,
dice Exhibe nuevas pruebas del fraude
BERTHA TERESA RAMIREZ Y RAUL LLANOS
Al presentar una serie de nuevos elementos, por medio
de los cuales se propone demostrar que el caso del predio Paraje San Juan
es un fraude, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel
López Obrador señaló que Fernando Arcipreste Pimentel
nunca existió, por lo que el contrato privado de compraventa del
predio, suscrito en 1947 y que sirvió de base al Poder Judicial
para determinar que el GDF debe pagar mil 810 millones de pesos, es absolutamente
falso.
Tras
advertir que dicho contrato es fruto de la ambición, la corrupción
y el influyentismo, y se fabricó cuando se empezó a hablar
de regularizar asentamientos humanos, de una futura expropiación
y del posible pago de una indemnización por la administración
capitalina, dijo que ante este evidente fraude agotará todas las
vías legales para no pagar esa indemnización.
No obstante, insistió en que la salida más
justa y la que más puede contribuir a la credibilidad y al fortalecimiento
de las instituciones es que la Suprema Corte de Justicia cree una comisión
que investigue los hechos, deslinde responsabilidades y haga justicia.
López Obrador reiteró que si todas las pruebas
que se han presentado no son suficientes y carece de legitimación
como jefe de Gobierno para reclamar la formación de dicha comisión,
no pagará ni un centavo de la cantidad que se le exige porque no
será cómplice de este fraude. Aseveró que espera justicia
y se atendrá a las consecuencias.
En una conferencia de prensa que ofreció por la
tarde, y que resultó muy concurrida, el mandatario informó
que hoy a las nueve de la mañana enviará los nuevos documentos
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde se
ha abierto una investigación por fraude.
Indicó que en el caso de que la Suprema Corte no
integre la comisión, mantendrá la denuncia por fraude ante
las autoridades investigadoras, por lo que se llamaría a declarar
a todos los involucrados, incluyendo a funcionarios de las administraciones
pasadas del Distrito Federal, desde la época del regente Manuel
Camacho Solís, hasta la fecha, ya que su gobierno no va a ocultar
nada, y advirtió: "no somos tapadera de nadie".
El mandatario planteó varias de las opciones legales
a las que recurriría en el caso de que la Suprema Corte no integre
la comisión; entre ellas mencionó: iniciar un proceso para
solicitar la nulidad del juicio, dar seguimiento a la queja que se interpuso
ante el tribunal colegiado, así como acudir al Consejo de la Judicatura
para solicitar que se haga una investigación a los jueces por posibles
actos de corrupción.
En ese tenor, también mencionó que otra
vía sería que cuando se iniciara el proceso de destitución
por incumplimiento de la sentencia, él expondría sus razones
y presentaría ante la Suprema Corte todos las pruebas de que dispone
para no pagar la indemnización.
Apoyado por un árbol genealógico de la familia
Arcipreste, por medio del cual retomó la historia familiar desde
mediados del siglo XIX, así como de una proyección por computadora,
López Obrador expuso que Fernando Arcipreste Pimentel nunca existió.
Explicó que de acuerdo con el acta de nacimiento de su hijo Arturo
Arcipreste Nouvel, su padre es Fernando Arcipreste Pérez.
Indicó que asimismo existen contradicciones en
cuanto al origen de esta persona, ya que, de acuerdo con el contrato de
compraventa de 1947, se asienta que es de Chimalhuacán, mientras
que en el acta de nacimiento de Arcipreste Nouvel se establece que es originario
del DF.
Añadió que por otra parte el Registro Civil
de Chimalhuacán, estado de México, contestó por escrito
que en sus archivos no existe nadie de nombre Fernando Arcipreste Pimentel.
Insistió en que en el contrato se dice que Fernando
Arcipreste Pimentel tenía 50 años de edad, mientras que en
el acta de nacimiento de Arturo Arcipreste Nouvel, el padre Fernando Arcipreste
Pérez asegura tener 30 años, es decir, nació en 1890,
y en el caso de que existiera en 1947 habría tenido 57 años.
Añadió que en el contrato de 1947 se lee
que Fernando Arcipreste Pimentel era militar, mientras que en el acta de
nacimiento de Arcipreste Nouvel, Fernando Arcipreste Pérez afirma
que se dedica al comercio.
López Obrador argumentó que a solicitud
del gobierno capitalino, la Secretaría de la Defensa Nacional le
informó por escrito el 30 de octubre de este año que, después
de llevar a cabo una exhaustiva búsqueda en todos los registros
y bases de datos de esta dependencia del Ejecutivo federal, no se localizaron
datos de Fernando Arcipreste y/o Fernando Arcipreste Pimentel.
Más datos a la ALDF
Por la mañana, la titular de la Dirección
General de Regularización Territorial (DGRT) del DF, Carlota Botey,
se reunió con los integrantes de la comisión especial de
diputados que investiga el caso del Paraje San Juan. Ahí puntualizó
que "territorialmente no existe el nombre de Fernando Arcipreste ni el
de Arturo Arcipreste en las acciones de regularización, escrituración
o contratos de compraventa" que se han realizado desde que surgió
esa zona de Iztapalapa.
Incluso sostuvo que ni el mencionado paraje existe: "es
fantasma", pues nunca se le ha conocido de esa manera, y el origen del
terreno que ocupan hoy 12 colonias es Santa Cruz Meyehualco. La cuestión,
dijo, es que en el decreto de expropiación que se hizo en 1989 "caprichosamente"
se le puso Paraje San Juan, pero igual pudo habérsele puesto otro
nombre.
La funcionaria dejó en claro que la familia Arcipreste
nunca ha aparecido en los documentos oficiales y legales de la DGRT, y
a pesar de que en muchas ocasiones se le ha pedido que confirme su propiedad,
lo que nunca ha hecho. Precisó, por ejemplo, que en 1986 el entonces
secretario de Gobierno del DDF, Guillermo Cosío Vidaurri, la instó
a confirmar esa propiedad, pero hizo caso omiso. Sólo en la década
de los 90 presentaron un documento que supuestamente le otorgaba esa calidad
de dueña, pero es el mismo texto en el que estaría la firma
falsificada del ex secretario de Gobierno, Marcelo Ebrard.
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