Esperan que terminen licitaciones, dice investigador

Legisladores preparan impugnación de concesiones otorgadas por CSM

ISRAEL RODRIGUEZ

Mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) se alista para recibir este miércoles las propuestas de empresas privadas para la licitación del cuarto bloque de un total de siete para la explotación de gas natural en la cuenca de Burgos, un grupo de legisladores de diversas fracciones parlamentarias prepara el recurso legal para impugnar estas concesiones otorgadas mediante los contratos de servicios múltiples (CSM), reveló el investigador universitario Víctor Rodríguez-Padilla.

Explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podría ser una de las instancias que analicen la certeza jurídica de los CSM y, en su caso, declararlos ilegales. Indicó que la impugnación será interpuesta por legisladores de diversas partidos políticos. ''Sólo esperan que queden concluidas las licitaciones de los siete bloques para que se interponga el cuestionamiento legal''.

Rodríguez-Padilla, también asesor de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República y de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, así como consultor de la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (Cepal) y de la Organización Latinoamericana de Energía, señaló que sólo con que una de las siete concesiones en que se ha dividido la cuenca gasífera más importante de México se declare ilegal, se podría considerar que los demás bloques fueron entregados de manera inconstitucional.

Por su parte, la Mesa Ciudadana de Observación de la Energía, organización no gubernamental que aglutina a especialistas, ex funcionarios y académicos especializados en temas energéticos, considera: ''Sin legitimación social, el gobierno llegó a la idea de dar espacios mayores a la inversión privada nacional y extranjera y con ello se han abandonado algunas responsabilidades básicas que, todavía hoy, la Constitución subraya, como queda evidenciado en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución''.

Lo anterior se realiza a través de la cada vez mayor apertura al sector privado por medio del financiamiento de infraestructura productiva de impacto diferido en el registro del gasto público en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además están la promoción de inversión privada directa nacional y extranjera en proyectos esenciales para el desarrollo como la reconfiguración de refinerías, programa estratégico de gas natural, expansión de la capacidad de generación de electricidad, entre otros. ''Y esto no ha sido decidido internamente. No hay ninguna decisión ni acuerdo en el Congreso que lo avale''.

Por ello, en el marco de múltiples y reiteradas contradicciones legales y políticas, a veces artificialmente se limita la capacidad estatal para incidir -como ordena la Constitución- en la orientación del desarrollo; y se afecta negativamente la salud económica y financiera de las empresas estatales básicas del sector: Pemex y CFE, advierte.