"Hay la concurrencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado"

Denuncian ONG "política de represión" contra movimientos sociales en Oaxaca

Responsabilizan al gobernador José Murat de cualquier atentado que sufran activistas

ROSA ROJAS

El gobierno mexicano ha fallado en garantizar -mediante el pacto federal- la vigencia del estado de derecho en Oaxaca, en donde existe una "política de criminalización y represión" contra los movimientos sociales, en la que "hay concurrencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial" estatales, plantearon organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos participantes en la Caravana de observación de los derechos de los pueblos indios y por la libertad de los presos políticos y de conciencia en Oaxaca.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), subrayó que es preocupante que "el Ejército esté en lugares donde hay paramilitares", mediante su participación en las Bases de Operación Mixta (BOM), "y eso se ha demostrado ahora en Oaxaca y antes en Chiapas y las Huastecas de Hidalgo y Veracruz. Además, la participación de los militares en las BOM es anticonstitucional", apuntó.

En rueda de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los organizadores de la caravana dieron a conocer un informe preliminar sobre los descubrimientos durante su recorrido por diversas comunidades oaxaqueñas los días 24, 25 y 26 de octubre, en el cual subrayan que se detectaron "graves violaciones" a los derechos humanos individuales y colectivos de variados sectores de la población: indígenas, trabajadores al servicio del estado, estudiantes...

Sofía Olhovich, del Concejo Ciudadano Unihidalguense (CCU) de Oaxaca; Rogelio Rueda; Gloria Rico, de Servicio, Paz y Justicia (Serpaj); María Elena Hernández, de la Limeddh; Efrén Cortés Chávez, de la Coordinadora Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia; Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, y Margarita García García, del Sindicato al Servicio de los Tres Poderes de Oaxaca, informaron que en su recorrido los participantes en la caravana -miembros de una veintena de organizaciones sociales- detectaron la práctica de "hostigamiento judicial" en contra de luchadores sociales y la práctica de "fabricación de delitos y acusaciones falsas", detenciones arbitrarias y tortura a los detenidos.

Asimismo indicaron que la falta de solución a problemas que pueden atenderse por medios legales -como fue la solicitud del CCU al Congreso de Oaxaca, de auditoría a la gestión municipal de Armando Sánchez en el ayuntamiento de Unión Hidalgo- derivó en un conflicto social que costó la vida a una persona, el encarcelamiento de tres -uno ya fue liberado-, una decena de heridos y 27 órdenes de aprehensión contra personas de la población, entre ellas la propia Ohlovich.

Resaltaron que un primer resultado positivo de la caravana, sobre todo de las movilizaciones populares, fue la libertad de Norberta Torres Pereda, del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), quien estaba recluida en el penal de Ixcotel desde junio pasado y fue absuelta de la acusación por delitos de despojo agravado, privación ilegal de la libertad, amenazas y motín, y de Leopoldo Alvarez Díaz, indígena zapoteca de Guevea de Humboldt, quien estuvo preso casi cuatro años en el penal de Tehuantepec, acusado, junto con otros tres compañeros aún en la cárcel, de robo, lesiones, asalto y privación ilegal de la libertad.

"Intensifican la presión"

Por su parte, la dirigente del Sindicato de los Tres Poderes de Oaxaca -cuyo líder Oliverio Neri es uno de 26 presos políticos y de conciencia cuya libertad se exige- responsabilizó al gobernador José Murat de cualquier atentado que sufran los dirigentes sociales, y citó el caso de Raúl Gatica, del Consejo Indígena Popular Ricardo Flores Magón (Cipo-RFM), quien una vez más recibió amenazas contra su vida y la de sus familiares. Margarita García García mencionó también que a raíz de la realización de la caravana se han intensificado las presiones contra los trabajadores miembros del sindicato, a quienes se les levantan actas administrativas sin razón alguna.

Ohlovich detalló el hostigamiento judicial contra los presos del CCU -indígenas zapotecas-, Carlos Manzo y Luis Alberto Marín, detenidos en Tehuantepec desde mediados de mayo. En el caso de Manzo, se le negó el amparo 396/2003 interpuesto en el juzgado de Salina Cruz contra el auto de formal prisión de la causa penal 143/2003 por tentativa de homicidio, así como la apelación contra el auto de formal prisión en la causa penal 72/2003 por daños al ayuntamiento de Unión Hidalgo.

En el caso de Luis Alberto Marín, se le fijó una fianza por 37 mil pesos, suma que la comunidad juntó rápidamente, pero al momento de presentarse ante el juez de Juchitán para pagarla le fue negada la fianza y le pusieron la categoría de "alta peligrosidad social, categoría subjetiva y política", para no permitir que saliera en libertad bajo caución.