Orden a Hacienda de no pagar a bancos cartera vencida del IPAB, causa del litigio

Decide hoy la Corte controversia del Ejecutivo contra la Auditoría Superior

JESUS ARANDA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá este martes la controversia interpuesta por el Ejecutivo federal por actos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la aplicación de siete oficios fechados los días 7 y 20 de marzo pasado, en los que ésta ordenó a la Secretaría de Hacienda no pagar a Banamex, Bancomer, Banorte, Bital y Banco del Atlántico "créditos que no debieron ser incluidos" (alrededor de 80 mil millones de pesos) como cartera vencida en el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, que posteriormente pasaron al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Trascendió que, de acuerdo con las discusiones que sostuvieron los ministros en plenos privados, la controversia podría sobreseerse pero, a diferencia del planteamiento esgrimido hace dos semanas por el ministro Juventino V. Castro, sería en razón de que la ASF no tiene facultades para ordenar a la Secretaría de Hacienda qué hacer, aunque detecte irregularidades en el ejercicio de la cuenta pública, dando la razón de facto al Ejecutivo.

Precisamente, por mayoría de nueve votos, el pleno desechó el proyecto de sentencia presentado por Castro, en el que "sobreseía" la demanda con el argumento de que el Ejecutivo incurrió en "actos derivados de consentidos". El pleno nombró al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para que presentara un nuevo proyecto de dictamen.

Según el proyecto que fue discutido ayer en sesión privada, no habría materia para la controversia, pero al mismo tiempo la Secretaría de Hacienda quedaría eximida de cumplir con los oficios referidos, favoreciendo finalmente al presidente Vicente Fox, con el argumento de que cuando la ASF auditó la cuenta pública de 2000 no tenía atribuciones legales para ordenar a Hacienda el no pago de deuda pública contraída de manera irregular.

Es decir, al haber invadido la esfera de influencia del Ejecutivo federal, la Auditoría actuó ilegalmente y, por tanto, los oficios girados carecen de validez.

De acuerdo con información obtenida en la Suprema Corte, simplemente la Secretaría de Hacienda no tiene por qué cumplir con actos que le ordena una entidad no autorizada para ello.

Queda también la opción de que el pleno decida entrar al fondo del asunto y determine entonces que la ASF invadió la esfera de influencia del Ejecutivo y, por tanto, los oficios carecen de validez; sin embargo, esta posibilidad es más remota, toda vez que Gudiño Pelayo apenas tiene 15 días con el asunto y sería un tiempo récord que en dos semanas la Corte entrara al fondo de un asunto y lo resolviera.