Presentará iniciativa para endurecer varias leyes

El PT, en pro de que funcionarios "renuncien" al secreto bancario

ENRIQUE MENDEZ

El grupo legislativo del PT en la Cámara de Diputados presentará hoy en el pleno una iniciativa de reforma a las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Instituciones de Crédito, así como al Código Penal, con lo cual busca que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios sean públicas y auditables, y que éstos renuncien al secreto bancario. "Quien se oponga es que es ratero", declaró el coordinador petista, Gonzalo Yáñez.

El documento de los diputados del PT propone una adición al artículo 36 de la ley de responsabilidades, para que la situación patrimonial de los servidores sea pública, una adición al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito para que "no aplique el secreto bancario" en materia de declaración de bienes, y un párrafo en el Código Penal para que se castigue "al que proporcione información falsa" en el llenado de sus formatos.

Durante una conferencia de prensa, Yáñez dijo que para poner el ejemplo, la bancada del PT difundió ayer la declaración patrimonial de sus diputados.

Las cuentas, terrenos, casas y automóviles que poseen los petistas tienen un valor que va desde los 895 mil 282 pesos, en el caso de Joel Padilla Peña, hasta los 3 millones 155 mil 146, en el de Oscar González Yáñez.

En conferencia de prensa, Gonzalo Yáñez señaló que el argumento esgrimido en contra de este tipo de iniciativas respecto de hacer públicos los bienes de un funcionario lo colocaría en el riesgo de un secuestro "es falaz, porque en realidad lo que se esconden son actos ilícitos" cometidos para amasar fortunas personales en la administración pública.

-ƑY si los otros grupos legislativos no se suman a esta iniciativa?

-Le haremos una atenta invitación a los coordinadores. Lo que se debe demostrar es que se acabó la corrupción. Si no sus declaraciones quedarán en demagogia, verborrea y simulación.

En la exposición de motivos la iniciativa plantea la necesidad de pugnar "para inhibir conductas deshonestas de los funcionarios públicos". Sobre este punto hizo referencia al cese del ex comisionsado Guido Belsasso, quien -como publicó La Jornada-- traficaba con influencias.