La indemnización que negocia es ''irracional'', dicen campesinos

Piden detener los ''excesos'' del jefe Diego

VICTOR BALLINAS Y MATILDE PEREZ

El coordinador de los senadores perredistas, Jesús Ortega, y representantes de El campo no aguanta más lamentaron que ni el Congreso ni las autoridades judiciales detengan los excesos del senador Diego Fernández de Cevallos, quien exige el pago inmediato y en una sola exhibición de mil 214 millones de pesos por la expropiación de un predio del ejido Santa Ursula, y la entrega de 40 mil pesos diarios por intereses, en tanto no se cubra el monto total.

Es necesario ''poner un hasta aquí a ese tipo de gestiones y negociaciones'', dijo Ortega al referirse a las acciones emprendidas por el panista. El PRI y el PAN, señaló, han sido omisos en esta cámara para legislar sobre las propuestas que se han presentado en torno al cabildeo y los negocios que realizan los legisladores, como es el caso del coordinador de la bancada del PAN.

Contrastó este caso con el del Paraje San Juan, donde se hace un escándalo porque el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, reclama un proceso irregular de algunos integrantes del Poder Judicial, pero ''con complacencia se continúa permitiendo que algunos políticos sigan litigando en contra del Estado''.

Sobre el particular, integrantes del movimiento El campo no aguanta más consideraron la pretensión del senador como ''irracional y absurda''. Esa cantidad es equivalente al presupuesto de la Universidad Autónoma de Chapingo (Uach), y a la propuesta presentada en diciembre de 2002 para que la Secretaría de la Reforma Agraria solucionara los asuntos agrarios, puntualizaron durante la presentación del libro ƑEl campo aguanta más?, editado por el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, la Uach y La Jornada.

Emilio López Gámez, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, comentó que es absurdo que la Federación tenga que pagar esa suma millonaria; si bien es una decisión del Poder Judicial, no deja de estar en duda e incluso podría tratarse de un ''acto de corrupción''. La nación ya no soporta más acciones tipo Fobaproa, que se siga beneficiando a particulares, dijo.

Representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) comentaron que la ''indemnización'' otorgada a la familia de Gabriel Ramos Millán supera el fondo para los programas de emergencia establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo para la SRA (731.1 millones de pesos), Secretaría de Economía (mil 117 millones), y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (500 millones de pesos), así como el importe destinado a cada uno de los 55 programas sectoriales para el agro.

Es, agregaron, una cantidad que supera el monto que presuntamente se destinaría a caminos rurales (mil 78.4 millones de pesos), programa de empleo temporal (mil 142.3 millones) y al Fondo Nacional de Empresas Sociales (mil 117 millones de pesos). Ceder al pago inmediato sería marcar más la postura política de la actual administración, concluyeron.