Funcionarios de la Secretaría del Trabajo atestiguaron las ilegalidades: Miguel Concha

Demandan observadores reponer elecciones seccionales del STPRM

El defensor de derechos humanos exige a la dependencia no proteger prácticas gansteriles

Presentan video que muestra irregularidades para imponer a simpatizantes de Romero Deschamps

PATRICIA MUÑOZ RIOS

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) no puede hacerle el ''juego barato'' a los actuales líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quienes manipularon las elecciones celebradas en diversos estados para renovar comités seccionales, sostuvo el padre Miguel Concha, defensor de los derechos humanos, y señaló que los propios funcionarios de la dependencia federal pudieron atestiguar la ilegalidad con que se realizaron estos procesos, por lo que tienen la obligación ética de no avalarlos.

El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria participó ayer en la presentación del informe que sobre estas elecciones elaboró el Comité de Observadores Independientes (COI). En este contexto se advirtió que se emprenderá una campaña nacional e internacional para que la STPS no otorgue la toma de nota a los supuestos dirigentes electos en forma fraudulenta y para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje anule las elecciones.

El informe puntualiza que hay elementos y pruebas suficientes para declarar ilegales los procesos, ya que se violentaron los estatutos y los principios más elementales de la democracia y los derechos humanos.

Para documentar los señalamientos se presentó un video grabado por los propios observadores, en el que se puede constatar la presencia de grupos de choque que impidieron la entrada a los candidatos opositores; la utilización de perros de pelea y gas mostaza para atemorizar y crear confusión a los electores; la participación de trabajadores inactivos -como los jubilados-, la falta de quórum para los procesos, el acarreo y, sobre todo, un fuerte tono de violencia, amenazas y desorden.

La ilegalidad se coronó cuando Carlos Romero Deschamps se presentó en las elecciones que se llevaron a cabo en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, apuntó Cristina Auerbach, vocera del comité. Explicó que el trabajo del organismo consistió en seguir puntualmente los procesos en las secciones 11, 22, 24, 26, 35 y 48.

Las violaciones documentadas en el extenso informe son: falta de voto secreto, porque fue "a mano alzada"; acciones de compra de voto; clima de hostigamiento y represión; negativa a registrar planillas opositoras; falta de verificación del número de trabajadores asistentes, y conformación de mesas electorales con los mismos candidatos que, además, resultaron electos.

En las seis secciones observadas hubo presencia y votación de personas sin derecho a hacerlo, como trabajadores jubilados, transitorios y hasta familiares. Incluso en las elecciones llevadas a cabo en Nanchital, miembros de Seguridad Pública del municipio amenazaron e intentaron detener -sin orden de aprehensión- a los integrantes de la planilla opositora.

En esa sección fue donde se lanzó gas mostaza para dispersar a los electores, y tras esa acción se dio por terminado el proceso y se declaró ganador al candidato oficial. A los opositores ni siquiera se les permitió el acceso, y todo esto lo pudieron verificar los enviados de la STPS, los cuales vieron que la jornada se realizó para imponer y relegir a los simpatizantes de Romero Deschamps.

Concha comentó que las autoridades de la STPS no pueden permanecer ajenas a sus obligaciones de velar por que las elecciones sindicales se lleven a cabo en forma legal. A nombre de diversas organizaciones civiles y de derechos humanos pidió que se anulen estas supuestas elecciones y que el secretario Carlos Abascal no proteja la impunidad y la corrupción de este sindicato. Exigió a la STPS que detenga estas políticas de represión gansteril, y aseguró que se iniciarán acciones urgentes para solicitar que se reponga el proceso.

En este sentido, Carlos Rodríguez, integrante del COI, demandó que los inspectores de la dependencia que acudieron a estas elecciones hagan públicas sus actas con anticipación a la expedición de toma de nota para que los trabajadores puedan manifestar su inconformidad o conformidad.

Estableció que este informe contiene las pruebas para que se admita y tramite mediante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la nulidad de las elecciones, para que la autoridad no sea cómplice de estos delitos y declare no otorgar el reconocimiento oficial.

Entre las acciones para denunciar estos hechos se pedirá investigar y sancionar a los notarios que dieron fe de las asambleas y que se han negado a dar copia certificada, y se solicitará a los directivos de la paraestatal que expliquen por qué se permitió el uso de camiones de Pemex para acarrear trabajadores.

En la presentación del informe, Porfirio Martínez, coordinador de la Red de Abogados Laboristas, se comprometió a dar seguimiento legal a estas demandas, buscando para ello instrumentos del derecho nacional e internacional.