Fuerte cuestionamiento

Carece de dientes la Ley de Justicia Cívica local: Ebrard

AGUSTIN SALGADO

La actual Ley de Justicia Cívica es imposible de aplicar, ya que "no tiene dientes", expresó el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón. En su conferencia ƑSerá el actual ordenamiento legislativo un obstáculo para garantizar la seguridad ciudadana?, el jefe de la policía capitalina argumentó: "es una ley que no se puede aplicar (...) hicimos una ley muy permisiva, muy pensada en función de que la policía no es confiable".

Durante el foro Responsabilidad Compartida entre Instituciones Públicas y Sociedad Civil, organizado por la fundación Friedrich Naumann y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Ebrard señaló que el supuesto básico de muchos de los reglamentos que nos rigen es que los cuerpos policiacos son corruptos, y por ello se niega a la policía preventiva la facultad de realizar labores de investigación, e incluso se prefiere no cobrar las multas de tránsito para evitar actos de cohecho.

"Somos la única ciudad del mundo donde no se cobran las infracciones; a pesar de que tenemos al año más de millón y medio de multas, no hay un sistema de cobro, porque durante mucho tiempo se pensó que era mejor no cobrarlas o que no era sensato meterse en eso porque podría haber corrupción", cuando la pregunta debió haber sido: "ƑCómo le hacemos para tener una policía de vialidad que no sea corrupta?"

Ante cientos de estudiantes del ITAM, Ebrard dijo que es necesario que se eleven los costos a los delincuentes para evitar ser demasiado permisibles; como ejemplo mencionó a los jóvenes que participaron en los actos vandálicos el pasado 2 de octubre: todos los menores de edad que fueron aprehendidos ese día "en cuestión de horas quedaron en libertad". Insistió en que se debe otorgar a la policía preventiva la facultad de interrogar a presuntos delincuentes y realizar investigación, ya que el promedio diario de denuncias por delitos del fuero común en la ciudad es de 600, para 3 mil 800 policías judiciales. También se expresó a favor de juicios abreviados cuando exista la confesión o la flagrancia, y de que el sistema penitenciario deje de ser "un régimen de ocio, para convertirse en un régimen ocupacional".