Asegura que tiene muy buena relación con el presidente de la Suprema Corte

Descarta Ejecutivo que fallos lleven mensaje

Señala que el pleno no ha resuelto el fondo de la controversia en el caso Miguel Hidalgo

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que las decisiones adversas a su administración emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tengan detrás algún "mensaje" o "represalia".

Esto, al señalar que el pleno del máximo órgano judicial no ha resuelto el fondo de la controversia constitucional que promovió la delegación Miguel Hidalgo para determinar si el GDF tiene facultades para aplicar recortes al presupuesto de la demarcación.

Aseguró que tiene "muy buena relación" con el presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, por lo que descartó algún asunto personal que tuviera la intención de afectar económicamente al gobierno.

"Nosotros vamos a seguir respetando, como siempre, al Poder Judicial. Queremos vivir en un estado de derecho, no de cohecho", apuntó. "La frontera -agregó- es la injusticia y la corrupción, porque las instituciones están integradas por seres humanos, por hombres que podemos, desde luego, equivocarnos y cometer errores".

El gobernante reiteró su confianza en que tanto en el caso de Miguel Hidalgo, como en el del Paraje San Juan, tendrá que aplicarse la ley: "no va a ser muy fácil que nos roben, no vamos a aceptar que anden merodeando por estas oficinas coyotes y viejos lobos... de dos patas", apuntó.

El procurador fiscal del Distrito Federal, Eugenio Robles Aguayo, explicó que si bien se mantiene la suspensión que el ministro José Vicente Aguinaco Alemán dictó con motivo de la controversia constitucional que presentó la autoridad delegacional para evitar el recorte de 107 millones de pesos, el GDF tendrá que esperar a que el pleno de la SCJN resuelva el fondo de la controversia, que se refiere a si la Secretaría de Finanzas tiene facultades para realizar ajustes al presupuesto de las delegaciones.

Agregó: "la primera sala declaró procedente, pero infundado, el recurso de reclamación del GDF, lo que quiere decir que la vía era correcta, pero nosotros tenemos que esperar a que se resuelva el fondo de la controversia".

El funcionario refirió que inclusive en la sentencia que emita el pleno, misma que podría conocerse antes del 30 de noviembre próximo, puesto que el magistrado ponente, Vicente Aguinaco, es uno de los ministros de la Corte que se retirarán del cargo ese día, pudiera ser que ni siquiera se pronunciara respecto de los 107 millones de pesos recortados.

Esto, porque no es el fondo del asunto determinar si el GDF devuelve o no dichos recursos, que, recordó, son producto de una sobrestimación que la anterior Asamblea Legislativa hizo sobre el presupuesto de ingresos de este año; "entonces, ese dinero de origen no existió".

Por otra parte, sobre los 40 amparos otorgados por jueces de distrito a contribuyentes inconformes por el cálculo que hizo el GDF para fijar el cobro del impuesto predial, y que fueron confirmados por tribunales colegiados, el funcionario informó que se llevó el asunto a una contradicción de tesis en la Corte, que está por resolverse.

Refirió que se trata de unos 130 contribuyentes que recurrieron al amparo, de un universo de 2 millones, y en la mayoría de los casos se ha dado la razón al gobierno de la ciudad.

Recordó que en 2002 entró en vigor una reforma al artículo 115 de la Constitución, que dispone realizar todos los cálculos del impuesto predial con base en su valor comercial, es decir, en función de la base renta, cuyo cálculo se realiza de acuerdo con los rendimientos de la propiedad; la otra modalidad era el de base valor, referido al valor de mercado del bien inmueble. Lo que hizo el GDF para actualizar el cálculo, y que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue el factor 10 (el subtotal de la multiplicación de un bimestre de renta establecida por 38.7 multiplicado por 10), contra el que se ampararon algunos contribuyentes, como la empresa Sanborns.

Una posibilidad, una vez que el tribunal colegiado confirmó la sentencia, es que gobierno y contribuyente revisen el caso y se calcule el impuesto predial bajo la base valor. Pero si la Corte, en la contradicción de tesis, confirma el impuesto predial base renta, las cosas se mantienen en el estado en que se encuentran.